POR MARCOS SANTOS. – Una inmensa mayoría del pueblo dominicano, ve con buenos ojos, los procesos judiciales contra ex funcionarios y personas allegadas de quienes ocuparon las más altas instancias del Poder en nuestro país.
Y es que, por fin, se está tratando con pasos firmes, acabar con muchísimos años de impunidad en lo que tiene que ver con la corrupción en la administración pública.
Ojalá que esa lucha y esa decisión firme de procesar judicialmente, alcance no solamente a los funcionarios de los gobiernos de Danilo Medina, si no, a quienes dirigían las instituciones públicas en las administraciones encabezadas por Leonel Fernández, Hipólito Mejía y hasta de Joaquín Balaguer.
Sería lo ideal y lo justo.
Igualmente, si no es mucho pedir, que ese Ministerio Público que tenemos, encabezado por la magistrada Miriam Germán Brito, saque su tiempecito para darle curso a las múltiples denuncias y querellas del Caso Munné en San Francisco de Macorís.
Y es que de la misma manera que se debe enjuiciar a quienes se roban los fondos públicos, de esa misma manera la justicia también alcanzar a quienes se roban el patrimonio de los ciudadanos de nuestro país.
Hay cientos, miles, millones de razones para someter a la justicia a la familia Munné.
Y eso lo saben hasta los chinos de Bonao.
Lo que no sabemos, es por qué no proceden contra esas personas, que no terminan de devolver a los ahorrantes que depositaron ese dinero en su compañía, alrededor de tres mil millones de pesos.
Francamente, eso no lo terminamos de entender.
Se ha especulado que el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, protegió a la familia Munné.
En la funesta gestión del ex jefe del Ministerio Público, a esa gente no se les tocó “ni con el pétalo de una rosa”.
Pero ahora no entendemos, por qué no los someten a la justicia.
En el año 2019, Pedro Castillo fue condenado a 10 años de prisión por cometer un fraude contra los dueños del Banco del Progreso.
Ahí la justicia actuó rápida.
Actuó rápida, porque los acusadores eran las familias Vicini, Bonetti, Barletta, y Perelló.
Casi nada.
Ahora en el caso Munné, sus afectados, entre los que se encuentran familias de mucho prestigio, y gente decente, la justicia no les hace caso.
A los afectados del caso Munné, los tienen de relajo.
Y eso no debe estar sucediendo en una sociedad que se rija por una Constitución y por leyes.
Eso sí, esperanzas las hay.
Siempre y cuando, el Ministerio Público se case con la gloria y saque su tiempecito para atender el reclamo, la sed de justicia de todo un pueblo.
Un pueblo llamado San Francisco de Macorís.
