Durante mucho tiempo aisladas en barrios marginales, las bandas criminales han ido extendiendo sus tentáculos por todo Haití y los casi tres millones de habitantes de Puerto Príncipe se han visto obligados a adaptar su vida cotidiana a esta realidad, temerosos de convertirse en la próxima víctima.
“Las bandas son hoy amos y señores del país”, advierte Gédéon Jean, director del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, con sede en la capital haitiana.
La organización constata un aumento alarmante de los secuestros en Haití. En los tres primeros trimestres de 2021 se registraron más de 600 casos, frente a los 231 en el mismo periodo de 2020.
El secuestro de pastores y feligreses en octubre, algunos en medio de misas dominicales, por parte de pandilleros que a veces actúan a cara descubierta, demuestra que en ningún sitio se está a salvo.
“Ningún lugar es seguro: cualquier cosa puede pasar en cualquier sitio”, dice Daphne Bourgoin.
A sus 42 años, esta gerente de una empresa textil ha visto cómo su vida y la de su familia ha cambiado radicalmente ante el auge de las bandas. Ella, su marido y sus dos hijos tuvieron que abandonar su casa debido al aumento de la delincuencia en un barrio pobre que cruzaba a diario para llegar al trabajo.
“Cruzar Martissant todos los días ya no era seguro”, recuerda Daphne. “Teníamos que alquilar una casa y eso no entraba en nuestro presupuesto ni en nuestra vida. Es como volver a empezar”, suspira.
A principios de junio, los habitantes del barrio de Martissant se marcharon cuando varias bandas armadas intentaron tomar el control de este enclave estratégico. Por aquí pasa una de las principales carreteras que comunica las mitades norte y sur de Haití.
19,000 desplazados
Incluso Médicos Sin Fronteras, con sede en Martissant desde 2006, ha decidido trasladar su centro de urgencias hacia el centro de Puerto Príncipe. “Hablamos con los líderes de la comunidad sobre el terreno y nos dimos cuenta de que la seguridad de nuestros equipos ya no estaba garantizada”, dijo Désiré Kimanuka, director de proyectos de la ONG.
Los enfrentamientos se han extendido a otros barrios pobres de la capital. Cerca de 20.000 ciudadanos de los más pobres del país han tenido que refugiarse en los últimos meses en gimnasios e instalaciones públicas, según la ONU.
La tregua declarada por los líderes de la banda de Martissant tras el terremoto del 14 de agosto para permitir la llegada de ayuda humanitaria a las víctimas del sur de Haití no duró ni un mes.
El control de bandas armadas sobre un tramo de dos kilómetros de la carretera nacional impide de facto el acceso seguro a dos de las tres instalaciones petroleras de Haití.
Y la tercera, situada en el barrio de chabolas de Cité Soleil, no ha tardado en dar la voz de alarma: “En las dos últimas semanas, una docena de camiones cisterna han sido secuestrados”, afirma David Turnier, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Productos Petrolíferos.
“No tengo un Estado, no tengo fuerza policial, no tengo quien me cuide”
La escasez de combustible limita los desplazamientos de los habitantes de Puerto Príncipe, ya reducidos drásticamente por el riesgo de secuestro.
“No salimos por la noche y lo primero que hacemos al levantarnos es mirar ‘cómo está la calle’, es decir, comprobar los diferentes grupos de alerta en WhatsApp para ver si salimos o no”, explica Bourgoin.
“Mis hijos viven con este miedo. Cuando salgo, me preguntan a dónde voy (…) porque saben que puedes salir y no volver”, dice con tristeza.
Esta mujer sale de casa una o dos veces por semana, siempre de día. Cuando recientemente escuchó disparos en pleno día frente al taller en el que trabaja, situado en un barrio supuestamente tranquilo, ni siquiera intentó llamar a la policía.
Sin comentarios
La Policía Nacional de Haití, contactada por la AFP sobre la situación de seguridad, no quiso hacer comentarios.
“No tengo un Estado, no tengo una fuerza policial, no tengo a nadie que me cuide. Si me pasa algo, seré un caso más”, dice resignada.
Amelie baron/AFP
