POR CRISTHIAN JIMENEZ.- El libreto partidario siempre es el mismo: mantener en ascuas a la Junta Central Electoral, retrasar reformas y trabajos para luego imputarle las fallas del proceso de votaciones y camuflar derrotas con alegadas irregularidades.
La historia se repite y los argumentos cambian de color, según la organización que esté en el poder y las que lideren la oposición.
Los partidos opositores desean todos tipo de controles para el que administra el Estado, y los que gobiernan desean las manos sueltas para simular que la intensificación de acciones de gobierno está ajena a la actividad electoral. En el fondo todos huyen a las regulaciones que limiten tiempo de campaña, uso de recursos económicos, formas de la propaganda, transparencia en recepción de fondos y la eficiente persecución penal para los delitos electorales.
El PLD gobernó 20 años, de estos 16 corridos y con control absoluto durante 14 (a partir de las congresuales del 2006), realizó dos reformas constitucionales, pero solo en los finales del mandato el grupo dominante auspició apresuradas reformas electorales para saldar conflictos internos ventajosamente.
El resultado fue un frankenstein que luego el bisturí del Tribunal Constitucional trató reconfigurar con decisiones que aumentaron las dificultades en la administración electoral, ya que algunas llegaron en pleno proceso eleccionario.
Cada partido (y grupos dentro de las varias organizaciones) hizo reclamos sin importar que sus legisladores levantaron la mano por el esperpento, solo en atención a sus intereses del momento.
Las reformas estaban pendientes desde principios de siglo, y la amplia reforma constitucional del 2010 demandó mayor urgencia por la obligación de adaptar el cuerpo electoral a la carta magna.
Después de muchas palabras al viento, la junta que presidió Roberto Rosario hizo consultas con expertos internacionales y organizaciones regionales y sometió las reformas de régimen electoral y de partidos, con amplio consenso.
El entusiasmo inicial fue frustrado en el congreso y posteriormente surgieron otras iniciativas hasta que Castaños Guzmán, que asumió la presidencia de la JCE en 2016, reasumió los proyectos que terminaron en leyes deficientes, contradictorias y con déficit de constitucionalidad.
Román Jáquez, desde que llegó la presidencia del órgano de elecciones planteó la necesidad de una temprana reforma para evitar que se repitiera la historia, pero los partidos políticos teorizaron sobre la conveniencia de los cambios, pero en los hechos ralentizaron los trabajos. El último de los esfuerzos es (¿fue?) ante el Consejo Económico Social, como parte de una iniciativa más amplia del Poder Ejecutivo, pero después de hermosos y engolados discursos, ningún avance significativo.
Ante el nada discreto sabotaje, los miembros de la JCE (interpreto yo) tomaron los dos proyectos y los entregaron a los presidentes de las cámaras legislativas, las facultadas constitucionalmente para la discusión y conversión en leyes de las propuestas.
Jáquez justificó la acción en la necesidad de cumplir los plazos para la celebración de las elecciones del 2024, pero partidos de oposición (PLD, PRD, PRSC, FP, BIS, PRL y PUN) en carta entregada al presidente del CES, Rafael Toribio alegaron que era una grave amenaza para el proceso de diálogo convocado por el presidente Abinader.
Empero, legisladores de algunos de esos partidos como Dionis Sánchez (Fuerza del Pueblo), Luis Henríquez (PLD) y Yennry Acosta (PLD) apoyaron la actitud de la junta.
Los miembros de la JCE aceptaron estar presente luego de la mediación del CES y de que su presidente reiterara la misma metodología aprobada en el plenario de las reformas. Convocó para el 26 de abril.
Puede seguir la teoría en la mesa del CES mientras, los proyectos “caminan” en el congreso nacional.
