SANTO DOMINGO.- Crear y adecuar las reservas de ley o leyes complementarias de la Constitución; elegir la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD); y cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional (TC), se destacan entre los principales retos que tiene el Congreso Nacional para el año 2025.
Además de esto, los senadores y diputados deberán conocer los proyectos de ley anunciados por el Poder Ejecutivo que buscan fusionar ministerios y entidades del Estado como parte de las reformas para reducir gastos y tener mejor manejo del erario.
El órgano bicameral cerrará este año 2024 con varios temas pendientes, y exhibe entre sus logros la reforma constitucional impulsada por el presidente Luis Abinader.
Sería a principios de enero de 2025, previo al cierre de la legislatura actual (que culmina el 12 del referido mes) que los legisladores reanudarán los trabajos parlamentarios, los cuales recesaron el pasado viernes por las festividades navideñas y el año nuevo. El Congreso retomará las labores desde el 27 de febrero hasta el 26 de julio, y a partir del 16 de agosto, con una serie de asuntos pendientes y temas que cumplir.
Complementarias de las reformas a la Constitución en 2010 y 2024
Para el año 2025, los legisladores tienen el reto de crear la comisión de juristas anunciadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que hará un levantamiento de las reservas de la ley de la Constitución para que los legisladores den fiel cumplimiento a la Carta Magna, con la creación y actualización de las complementarias.
Los datos más recientes indican que hay pendientes alrededor de 80 de esas piezas: unas 70 de la Constitución del 2010 y ocho de la proclamada recientemente, según indicó el fin de semana el diputado de Fuerza del Pueblo (FP) Tobías Crespo.
De la Ley Suprema impulsada por el presidente Abinader, los congresistas deberán conocer el proyecto legislativo que modifica el Consejo Nacional de la Magistratura con el propósito de abordar dos artículos de esa ley, con el propósito de adecuarla para la regulación de la escogencia del procurador general de la República y los procuradores adjuntos.
La pieza sometida por los senadores Ricardo de los Santos (PRM-Sánchez Ramírez) y Omar Fernández (RP-Distrito Nacional) ya fue aprobada en la Cámara Alta y está pendiente de ser refrendada en segunda lectura por los diputados.
Otra legislación complemento de la nueva Constitución es el proyecto que modifica los artículos 36, 64 y 81; y se adicionan los artículos 66.1 y 66.2 a la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los municipios, relativos a la sucesión de alcaldes, vicealcaldes, regidores y directores municipales.
En el órgano legislativo hay varias piezas con la misma finalidad. La que más ha avanzado fue sometida y aprobada en el Senado; la proponente es la senadora de Hermanas Mirabal, Mercedes Ortiz.
Los códigos y Ley 340-06, entre las que necesitan actualización
Entre las legislaciones que necesitan actualización de la Carga Magna de 2010 se destacan: la reforma al Código Penal; Código Civil; Código de Procedimiento Civil; Código Procesal Penal, Código de Comercio de la República Dominicana; Código de Trabajo; las leyes 340-06, de Seguridad Social, de Agua, entre otras piezas.
Del listado, la que más atención tendrá a inicios del año será la modificación de la Ley 16-92 o Código de Trabajo (reforma laboral). El Senado está apoderado de un proyecto de ley depositado por el Poder Ejecutivo, el cual ha generado controversias por el tema de la cesantía (a pesar de que no está dentro del proyecto).
La legislación es una de las tres reformas que sometió el presidente Abinader al Congreso en esta legislatura.
La comisión a cargo de la reforma laboral ya se reunió, por separado, con el tripartimos del país y otros actores, y anunció otros encuentros. Mientras los sindicalistas piden a los legisladores no tocar la cesantía, los empresarios quieren que se trate y modifique. Los representantes de los trabajadores anunciaron manifestaciones frente al Congreso cuando se reanuden los trabajos de la comisión senatorial.
El presidente de la comisión especial de senadores a cargo del proyecto de reforma laboral que cursa en el Congreso, Rafael Barón Duluc “Cholitín” (PRM-La Altagracia), informó que si la referida iniciativa no es aprobada en esta legislatura, pasará a la siguiente, “porque lo importante no es sancochar” la pieza.
La comisión especial de la Cámara de Diputados a cargo del proyecto que reforma la Ley de Contrataciones Públicas (Ley 340-06) se reunió en esta legislatura alrededor de 20 veces, y aún no ha rendido el informe de la tan esperada pieza. La iniciativa perime el próximo 12 de enero.
El equipo apoderado de la normativa, presidido por el diputado perremeísta Gregorio Domínguez Domínguez, piensa rendir el informe antes de vencer dicho plazo.
El proyecto de autoría de la exsenadora Faride Raful fue aprobado en el Senado, sin embargo, la comisión le hizo algunas modificaciones, por lo que sí la pieza es sancionada por los diputados, volverá a la Cámara Alta.
La actualización de la Ley 340-06 es un reclamo de distintos sectores, que piden fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado y exigen sanciones penales a aquellos procesos que resulten en irregularidades en las licitaciones.
Pendientes de ser creadas
Las leyes que aún no han sido creadas son: ley sobre derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social (referendo y plebiscitos); servicio civil o militar obligatorio; de acceso a la propiedad inmobiliaria titulada; de antidiscriminación y promoción de igualdad entre las personas; y de garantías para denunciantes de faltas cometidas por funcionarios públicos.
También la ley de unión marital de hecho; de fiscalización y control del Congreso Nacional; cambio climático; y que regula el ejercicio de derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos.
De igual manera, hace falta la ley que regula la concesión de honores a ciudadanos y ciudadanas; que regula la concesión de amnistía a ciudadanos y ciudadanas por políticas; sobre la racionalidad de gasto público; sobre armas químicas, biológicas, nucleares y agroquímicos vedados; y para creación de monopolio en favor del Estado.
Además, ley que regula las peticiones ciudadanas a los poderes públicos; de aprovechamiento de recursos naturales e inversión preferente de recursos procedentes de su explotación; que regula la gestión y el acceso de los particulares a los ríos, lagos, lagunas, playas y costas de la República Dominicana; y para creación de monopolio en favor del Estado.
Nueva Cámara de Cuentas
Para el próximo año el Congreso Nacional seleccionará a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) para el periodo 2025-2029, ya que el actual Pleno culmina su cuatrienio en abril próximo y deja tras su paso una estela de críticas y crisis institucional.
Para ello, la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados concluyó la semana pasada la novena jornada de entrevistas a cerca de 200 postulantes interesados en formar parte de los rectores del órgano de control de los fondos públicos.
El proceso seguirá en el 2025, y la comisión presentará en marzo un informe al hemiciclo con cinco quintetos de los postulantes para que los diputados seleccionen de entre ellos cinco ternas y las presenten al Senado de la República, quien elegirá de entre los 15 aspirantes a los cinco miembros del órgano fiscalizador de los recursos públicos.
El TC falló contra la Ley 10-15, la 20-23 y la 1-24
Los legisladores deberán conocer para el próximo año algunos fallos del Tribunal Constitucional en contra de legislaciones.
Tal es el caso de la Ley 10-15, que introduce modificaciones a la Ley No. 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana. El órgano extrapoder expulsó el marco legal del ordenamiento jurídico, lo que el senador por San Juan, Félix Bautista, tildó como “un error” de la alta corte, que, supuestamente, inobservó el procedimiento que llevó a cabo el Congreso con la normativa.
Por otra parte, los senadores y diputados deberán tratar las modificaciones que hizo el TC a los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral, tema que está en la palestra, y que mayoría de los que se han pronunciado cuestionan el Constitucional.
Otra sentencia del TC que el Congreso tiene pendiente, es la derogación de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por el órgano bicameral no cumplir con los requisitos establecidos para las leyes orgánicas.
El Poder Ejecutivo someterá los proyectos
Entre los retos de los congresistas para el 2025, está conocer los proyectos de ley que someterá el Poder Ejecutivo para fusionar ministerios y suprimir entidades.
Y es que el pasado 6 de septiembre, en La Semanal, el Gobierno anunció la fusión de seis ministerios, la absorción de algunas direcciones por otras instituciones y la eliminación de varias comisiones, como parte de un plan para optimizar el gasto público y reorganizar el Estado. Con las medidas, el Estado se ahorraría más de 25 mil millones de pesos.
Se conoce del anteproyecto de ley que fusiona el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) con el Ministerio de Educación (Minerd), el cual está en fase de socialización.
El Gobierno informó –entre otras medidas- que los ministerios de Hacienda y el de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) se integrarían en un nuevo Ministerio de Economía y Hacienda.
ABED NEGO PAULINO
