SANTO DOMINGO.- Con cada cambio de gobierno, la historia se repite: incongruencia en las promesas y falta de voluntad política en los hechos. Esas son las características de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.
Las principales fuerzas políticas del país y todos los estamentos del Poder Judicial han protegido más la impunidad que la necesaria investigación, persecución y sometimiento a la justicia de los funcionarios que se han beneficiado ilícitamente del Estado, mientras desempeñaban la función de servidores públicos.
Como resultado de la desidia, en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) hay 326 expedientes de delitos vinculados al manejo de los fondos públicos, desde el año 2003, pendientes de ser estudiados, de acuerdo con declaraciones de la Procuradora General de la República, Miriam Germán.
De los casos irrevocablemente juzgados, el más emblemático es el del expresidente Salvador Jorge Blanco, acusado de atentar contra la libertad individual, prevaricación, asociación de malhechores y estafa en perjuicio del Estado dominicano en 1986, el mismo año que entregó la presidencia de la República a Joaquín Balaguer.
Aunque fue condenado a 20 años de reclusión, multas e indemnizaciones, tan pronto su partido volvió al poder, fue favorecido con una sentencia que le declaró no culpable de los hechos, al tiempo que el Estado desistía de la constitución en Parte Civil que había sostenido en primer grado.
A contrapelo de practicar allanamientos, contar con evidencias y disponer de testimonios contundentes que relacionan a los inculpados con el crimen, dar marcha atrás ha sido recurrente tanto en representantes del Ministerio Público como del Poder Judicial, a la hora de ponderar expedientes de corrupción administrativa.
Es el caso de Adriano Sánchez Roa, ex administrador del Banco Agrícola, contra quien fueron presentadas tres querellas por falsificación, robo, estafa y abuso de confianza en perjuicio del Estado.
Que la Tercera Sala de la Cámara Penal, del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, apoderada del caso fondo, solicitara una instrucción suplementaria dado que el prevenido no había sido interrogado, fue la excusa perfecta que tuvo el Juzgado de Instrucción para no devolver el expediente a la Tercera Sala, ya que decidió variar su decisión y emitir un auto de no ha lugar a las persecuciones criminales, en fecha 30 de julio del 2003, que al no ser apelado adquirió la autoridad de cosa juzgada.
Sin importar la responsabilidad del cargo ni el monto que usufructuaron en perjuicio del patrimonio nacional, los involucrados en actos de corrupción administrativa han contado siempre con la protección del partido político al que pertenecen para burlar la justicia, pasar la página y seguir adelante.
El Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME), que funcionó durante el primer gobierno presidido por Leonel Fernández (1996-2000), transgredió todos los procedimientos contables legalmente establecidos para manejar fondos del Estado.
Los responsables de su ejecución, Diandino Peña, Haivanjoe Ng Cortiñas, Simón Lizardo, Luis Incháusti, Noé Camacho, Grecia Peguero y León Antonio López Mata, fueron sometidos a la justicia, imputados en un alegado desfalco contra el Estado por RD$1,427 millones.
Sometido a la justicia durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), el conocimiento judicial del expediente se prolongó hasta que el Partido de la Liberación Dominicana regresó al poder en 2004. Entonces, el caso comenzó a recular.
En abril del 2005, el Poder Ejecutivo canceló el poder especial otorgado a cinco abogados para constituirse en parte civil contra los implicados y dos años más tarde, la Fiscalía del Distrito Nacional retiró la acusación contra Diandino Peña, Simón Lizardo, Haivanjoe Ng Cortiñas y Noé María Camacho Ovalles.
Además, solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional disponer la absolución de Luis Incháusti Rivera, de León Antonio López Mata y de Grecia María Peguero, así como el cese de cualquier medida de coerción o persecución contra los imputados.
Graves indicios y pruebas contundentes fueron las que presentó en el año 2015, el Ministerio Público en contra de Félix Bautista, para entonces senador por la provincia de San Juan de la Maguana, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros crímenes, que habrían sido cometidos durante su gestión como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Las imputaciones incluían: incrementar significativamente su patrimonio personal para asignar la construcción de múltiples obras públicas a favor de personas físicas y jurídicas relacionadas con él; participar en transacciones en las cuales se evidencian conflictos de interés, ya que era socio o relacionado de empresas favorecidas con obras asignadas de grado a grado por esa institución pública, así como ocultar su propiedad accionaria en diversas compañías, al falsear declaraciones juradas de su patrimonio en los años 2005, 2008 y 2010.
El expediente acusatorio contra el ex legislador del PLD terminó archivado en la propia Suprema Corte de Justicia, sin llegarse a conocer en juicio de fondo.
Institucionalidad
Experto en el estudio y la observación de la transparencia y la rendición de cuentas, el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, afirma en su libro “La Corrupción Sin Castigo. Casos denunciados en los medios de comunicación 2000-2013” que lamentablemente, ninguno de los gobiernos de los tres partidos que han estado en el poder a través de esas tres décadas, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), han mostrado un compromiso en los hechos con la persecución y condena sistemática de la corrupción administrativa.
Desde la óptica de esta organización, la decisión política de enfrentar la corrupción debe estar acompañada de un férreo apego a la institucionalidad, aparte de la honestidad individual de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo, además de “ir despojada de cualquier interés del Presidente y su equipo por extender los vínculos políticos más allá del período gubernamental por el que ha sido electo”.
Además de la decisión política, es necesario sumar un Ministerio Público independiente y una administración de justicia con coraza y voluntad para actuar rápidamente y sin contemplaciones, sin importar los nombres ni los apellidos implicados, agrega la entidad.
La palabra empeñada de los mandatarios
LUIS ABINADER
“Quiero reiterar para que nadie se confunda, que no habrá impunidad para la corrupción del pasado”.
DANILO MEDINA
“Nuestro gobierno será intolerante con actos de deshonestidad o de despilfarro de los recursos. Fortaleceremos los instrumentos institucionales para su prevención, corrección y sanción”.
HIPÓLITO MEJÍA
“Puedo asegurar que si en estos próximos cuatro años reprodujesen actos de corrupción, seré yo mismo quien alentará los procedimientos legales para el castigo merecido”.
Significado
Si se recurre a palabras sencillas y comprensible, queda más claro. Corrupción viene de corromper, deteriorar o dañar.
326 casos
Los casos de corrupción administrativa pendientes de análisis y ponderación esperan por las autoridades.
KLEINER LOPEZ
