SANTO DOMINGO.- Con la promulgación de la Ley 63-17, en febrero del 2017, muchos sectores tenían la expectativa de que, además de desaparecer la diversidad de instituciones con un cometido similar en el tránsito, también se implementarían políticas que acabarían con la inseguridad vial. Seis años después de la normativa, transitar por las carreteras dominicanas sigue conllevando un riesgo fatal, con números de fallecidos al año que superan por mucho los 2,000 y, algunas veces, los 3,000.
Un recuento, basado en las estadísticas suministradas por las propias autoridades, arroja que, en los últimos seis años, desde el 2017 hasta el pasado año 2022, un total de 17,613 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito.
El trasladarse de un lugar a otro en República Dominicana no es solo peligroso, también es estresante. En ese arriesgado ajetreo los ciudadanos invierten más tiempo y, también, utilizan un deteriorado sistema de transporte con pequeñas mejoras en la actual gestión gubernamental.
El director del Intrant, Hugo Beras, señala que solo ese organismo y los ayuntamientos de cada jurisdicción son los facultados para tomar decisiones relacionadas al tráfico y no otras entidades a las que la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, les atribuye responsabilidades.
«Tú estás poniendo en tránsito un todo», respondió a Diario Libre que le mencionó las más de diez instituciones que se citan en la ley y otras que se crean por decretos. El funcionario afirmó que las que se ocupan de transporte no tienen nada que ver con el tránsito.
En la práctica son una decena de instituciones las que accionan en el tránsito. La Ley 63-17 creó el Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Codintrant), integrado, además del Intrant y por el ministro de Obras Públicas, quien lo dirige, por otras seis entidades, entre ellas Salud Pública, los ministerios de Economía e Interior y Policía. El Codintrant tiene «potestad para elaborar y someter los reglamentos correspondientes al Poder Ejecutivo para los fines de lugar», establece la legislación en su artículo 11.
La Procuraduría General de la República, que forma parte del Codintrant, no posee facultades de normar el tráfico, pero tiene, entre sus funciones, el cobro de las multas, como consecuencia de las infracciones; administrar y organizar «casas de conductores y las casas cárceles» y hasta la de coordinar con el Ministerio de Educación (Minerd) la educación vial en las escuelas.
A seis años de la legislación, el inicio de la educación vial se anunció el pasado lunes 28 de agosto, con el inicio del año escolar. Otras de las disposiciones que contempla la ley, incluso la 241, de hace más de 50 años y que nunca se ejecutó, es el sistema de licencias por puntos para los ciudadanos infractores de las normativas y con el que los reincidentes en las violaciones podrían perder la licencia. El Intrant contempla ponerlo en vigencia entre septiembre y octubre de este año.
Aunque no está incluida en el Codintrant, entre las tareas que la Ley 63-17 asigna a la Dirección General de Impuestos Internos se incluye la emisión de placas y que tiene también bajo su «dependencia y administración» el Registro Nacional de Vehículos de Motor.
Otra de las instituciones claves es la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que sustituyó a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) y la Metropolitana de Transporte de Santiago (Ametrasan). En el 2021, se creó por decretos el Gabinete del Transporte y la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, con los que se apodera al Ministerio de la Presidencia la organización del transporte urbano e interurbano.
Los muertos por año
La cifra de los 17,613 fallecidos en accidentes de tránsito proviene de las estadísticas del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, desde el 2017 hasta el pasado año 2022. El Observatorio es un organismo que depende del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
En el 2017, cuando entró en vigencia la Ley 63-17, el número de fallecidos que se reportó ascendió a 2,804; un año después la cifra aumentó a 3,006; en el 2019 subió a 3,204 víctimas fatales y en el 2020, durante el confinamiento por la pandemia, tuvo un ligero descenso, al registrarse un total de 2,711. En el 2021, las autoridades reportaron 2,967 vidas apagadas por las tragedias que sitúa a las calles dominicanas como las más peligrosas para circular. El pasado año, 2022, se informó de 2,921 muertos por la misma causa.
De las 17,613 víctimas mortales en los últimos seis años, los motoristas son los que más aportan a esos números, con porcentajes que van desde el 60 y 70 por ciento de los fallecidos, año tras año. Detrás de los motociclistas se encuentran los peatones, con 10 y hasta un 15 por ciento de los decesos. En los seis años, 2,114 peatones perdieron la vida.
Experto dice ley tiene incoherencia y debe incluir más organismos
Mario Holguín, presidente de la Fundación Red de la Dignidad (FundaReD) y especialista en seguridad vial, considera que la Ley 63-17 «tiene muchas debilidades e incoherencia».
Dice que entre las incongruencias que tiene es que casi todos los recursos que se recauda por el tránsito van a la Procuraduría General de la República y sus beneficiarios son los presos, mientras el Intrant vive «de la caridad pública» sin recursos para hacer investigaciones y detectar sus debilidades y fortalezas.
De los recursos recaudados por las multas, que está a cargo de la Procuraduría General, el 75 % se queda en esa entidad y el restante 25 % es del Intrant, dispone el artículo 298 de la Ley 63-17.
Holguín cuestionó también que los ayuntamientos «no hacen su papel» y que permanentemente «tratan de evadir» sus obligaciones, aunque afirma que estos no hacen «ningún tipo de inversión» en el transporte y en el tránsito porque el dinero de su presupuesto lo gastan en la basura y en empleomanía.
«Tú nunca has visto a los ayuntamientos regular a los motoristas. Los ayuntamientos son los que deben tener el control de los motoristas por ley. Ellos, los ayuntamientos no se dan por enterados», dijo.
Según el presidente de FundaRed, la ley debe incluir instituciones como Pro Consumidor, para la defensa de los usuarios de los diferentes operadores de transporte; Pro Competencia a fin de que garantice la libre competitividad de los agentes que les interese invertir en el tránsito y el transporte en iguales condiciones; y la Dirección General de Aduanas, porque es el único órgano oficial que está representando a la Red Nacional de Transporte Terrestre, que es privada, y es lo que garantiza las actividades aduanales.
Las instituciones que se eliminaron
Con la vigente legislación de tránsito, además de la Amet y la Ametrasan, se eliminó la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT); el Consejo para la Administración y Regulación de Taxis (CART); la Caja de Pensiones y Jubilaciones para los Choferes del Transporte Público y el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet).
«El Estado está haciendo su parte»
Hugo Beras explicó que hay todo plan que se está ejecutando para agilizar el tránsito y hacerlo más seguro, cuyos resultados se verán, algunos, a corto plazo y otros en un tiempo más largo.
Además de mencionar el sistema de puntos para la licencia, que pese a estar contemplado en la ley nunca se implementó, adelantó que a final de año se inaugurará la primera etapa del centro de control de tráfico, en el Distrito Nacional, y la segunda será en la provincia Santo Domingo.
Con el centro de control de tráfico se sincronizarán los semáforos y se sacarán los agentes de la Digesett de todas las intersecciones porque coordinará, de manera automática, toda la red de semáforo completo, con inteligencia artificial y que gestionará todos los flujos de vehículos.
Con el sistema se utilizarán 1,200 cámaras y 400 censores. Las cámaras harán la fiscalización, con fotomultas de manera más rápida que los agentes de tránsito, dijo Beras.
Sostuvo que para el mismo proyecto, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, se licita la nueva placa de vehículos con el marbete digital para cambiarlos a todos los vehículos de la República Dominicana, carros y motores, por un marbete único y electrónico.
Los vehículos de cuatro gomas en adelante tendrán la doble placa.
«Cuando se tenga eso ya el Estado está preparado con su red de cámaras completa en el territorio para que se pueda tener un sistema de fiscalización más efectiva», garantizó el funcionario.
Sostuvo que el Estado está haciendo su parte, pero que al final el ciudadano tiene que hacer la suya.
«Más que el irrespeto a la ley (…) es el comportamiento del ciudadano. Nosotros sabemos que estamos violando la ley, la violamos como quiera y no nos importa y, sin embargo, tenemos un cambio de comportamiento diferente cuando estamos fuera de República Dominicana (…) es un tema de comportamiento», dijo el director del Intrant al referirse al incumplimiento de las normativas de tránsito por parte del dominicano.
MARISOL AQUINO / DIARIO LIBRE
