POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Después de decenas de muertos y más de mil contagiados por el Covid-19 y huecos de insatisfacciones improbables de llenar en el comercio informal y en el subempleo, así como la repulsa pública por la abusiva politiquería electoral y denuncias de corrupción en compras oficiales de materiales para enfrentar la pandemia, resultaría difícil al gobierno lograr el apoyo nacional al final de la tragedia sanitaria.
El presidente Danilo Medina está obligado a la correcta gestión de la crisis por mandato constitucional, razones políticas y sensibilidad humana por lo que debe evitar que el ciudadano de a pie, de mayor vulnerabilidad en esta desgracia mundial, entienda que el mandatario procura ventajas a sus patrocinados y vinculados en medio del desastre y que por esa razón evade convocar al liderazgo político nacional para una solución de consenso. Aquí hay que incluir la definición de una nueva fecha para las elecciones pautadas para mayo, para lo cual la Junta Central Electoral dispuso por resolución el sábado último consultar a los partidos, con cinco días de plazo.
Medina, cuentan, estaría convencido de que el manejo de las ayudas, sobre todo entregas de comida y compensaciones monetarias influiría en el electorado popular y que esto podría generar mayor apoyo a la pálida candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, postulación de la exclusiva responsabilidad del mandatario.
Castillo ha actuado con manos sueltas y en ocasiones en sustitución del Estado e insistido en una aplastante promoción que provocó que otros entraran en la disputa, aunque con menos empuje y recursos, para no dejar la exclusividad del escenario al candidato morado.
Otros candidatos oficialistas, aspirantes a diputados y senadores se han entusiasmado y ya se les ve en las calles, pese a los reiterados llamados del distanciamiento social e ignorando que al Covid-19 ha golpeado con rudeza a los políticos en diferentes comunidades.
El problema es que el votante detecta a leguas el sesgo oportunista de muchos “benefactores” y los castiga en las urnas.
Además, en un país con una deuda social enorme, es difícil satisfacer adecuadamente urgencias coyunturales y sobre todo cuando se trata de un caso excepcional como esta
pandemia que afecta toda la actividad económica y se prolonga en el tiempo, sin fecha fija de caducidad.
El gobierno diseñó varios planes de colaboración con sectores productivos afectados y de ayuda directa a empleados suspendidos y a personas registradas en los programas sociales oficiales, pero hemos visto que quedan lunares y muchas quejas. Ha habido revisiones y disposiciones complementarias, pero parecería imposible cubrir todas las áreas.
Reclaman inclusión transportistas de autobuses, minibuses, carros de concho, motoconchistas, propietarias de salones de belleza, peluqueros, vendedores callejeros, dueños de pequeños negocios de expendio de comida, gomeros y un largo etcétera.
Hay muertos, más de 70 y supera la cifra de 1,500 los contagiados, con el agravante de que siempre habrá familiares convencidos de alegada negligencia gubernamental o de los responsables sanitarios.
Al final ocurrirá en casi todos los países golpeados por la pandemia, las quejas estarán por encima de las satisfacciones, por lo que es un cálculo erróneo asumir que con los fondos presupuestales, préstamos y ayudas pueda el gobierno salir “airoso” de este desastre humanitario y lograr ventajas electorales.
Lo sensato, pese a la desconfianza y los intereses en juego, es aceptar la colaboración de la oposición política y en un ambiente sin cartas marcadas, con apoyo de la sociedad civil, discutir la propuesta de la JCE, de nuevas fechas para las elecciones presidenciales y congresuales y de una posible segunda vuelta, siempre con el límite del 16 de agosto para la juramentación de las nuevas autoridades.
