SANTO DOMINGO.- Martina Ramos Restituyo, de 73 años, ha viajado en cinco ocasiones a Santo Domingo en búsqueda de sus prestaciones laborales.
Viaja desde un campo de la provincia Sánchez Ramírez a la casa de su hija en el municipio cabecera, Cotuí, para luego llegar a la capital en un autobús de transporte público.
Cuando camina, se le ve la edad. Tiene ojos azulados y el cabello canoso recogido en un moño. En su piel ya hay muchas arrugas y su figura luce un poco encorvada.
«Lo que convenía en el caso de ella era pensionarla (por problemas de salud) porque ya tenía 16 años laborando», argumenta Juan Eulogio Solís, director de la escuela María Consuelo Pérez, donde doña Martina trabajaba de conserje y quien se ha dedicado a acompañarla en el proceso.
La conversación se produce en el Ministerio de Administración Pública, donde doña Martina Ramos debe movilizarse para cumplir con el papeleo y la burocracia estatal.
Juan Eulogio Solís, mientras la señora guarda silencio, explica que en Sánchez Ramírez son varios los cancelados, quienes incluso se reunieron para pagar a un abogado que le hiciera los trámites de lugar.
En aproximadamente 9 meses, casi 63 mil personas perdieron sus empleos en 22 ministerios del país, luego de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumió el poder el pasado 16 de agosto.
Hasta mayo pasado, los departamentos de Recursos Humanos de los ministerios notifican que 62,935 servidores públicos han sido cancelados, cifra que de ese mes a esta fecha ha de haber ascendido.
Tan sólo en el Ministerio de Educación unos 42,786 empleados, todos fijos, fueron desvinculados de sus puestos de trabajo según los datos suministrados a este medio a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI) de la institución.
Este ministerio, dirigido por Roberto Fulcar, es uno de los que mayor plantilla de personal maneja a nivel nacional y, a pesar de que se le presentó el reto de las clases a distancia, fue la entidad que mayor cantidad de personas canceló.
Y también ha sido la institución que mayor cantidad de protestas ha visto pasar por la fachada del ministerio, en reclamo de que se honren los derechos adquiridos de los empleados cesados.
El pasado 21 de junio, Fulcar dijo que agiliza los procesos y trámites para concluir con la entrega de las prestaciones laborales al personal desvinculado de la institución y que aún queda pendiente de pagos.
Personal administrativo, personal de apoyo, secretarias, conserjes, o incluso como cocineras. Tal es el caso de Cristina Maribel Brown, quien a finales de junio, al asistir al banco a cobrar su salario habitual, descubrió que no tenía dinero.
Brown estaba nombrada como cocinera en un liceo de San Pedro de Macorís aunque allí «hacía de todo». Como desde hace meses estaban desvinculando personal, ella decidió consultar su situación en la regional a la que pertenece y le notificaron que en el distrito escolar le aguardaba su carta de cancelación.
Aunque era consciente de la posibilidad de su despido «por el cambio de gobierno», el hecho le tomó por sorpresa porque no es dirigente política y hoy la falta de empleo ha hecho que sus hijos tengan que costearle algunas de sus necesidades en lo que vuelve a conseguir una fuente de ingreso.
Igual es el caso de una exempleada de Salud Pública que pidió reserva de su nombre. La dama ingresó a esa institución en 2002, con apenas 19 años, a casi dos décadas de servicio y luego de pasar por distintas posiciones fue notificada de su desvinculación el 7 de junio pasado.
“Fue injustificada, la ley dice que para desvincular un empleado tiene que tener tres faltas graves y una amonestación de un tercer grado y yo nunca tuve falta, al contrario el año pasado fui reconocida como empleada del año», agregó quien ingresó a ese ministerio como vigilante de salud ambiental y terminó ejerciendo como coordinadora de salud ambiental.
Misma situación vive Maribel Díaz, que era promotora de salud en Neyba, hasta febrero pasado. Luego de 11 años en servicio, ayer visitó el Ministerio de Administración Pública a buscar el monto que le corresponde según la totalidad de los años que laboró en Salud Pública.
Aunque ambas desconocen el motivo de la desvinculación, atribuyen su despido al cambio de gobierno.
El ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) es el segundo ministerio con más desvinculados de los 22 que conforman el gabinete presidencial. Unos 2,335 ciudadanos que fueron expulsados de la institución eran empleados fijos, mientras que el resto, 77, laboraban por contrato.
Salud Pública informó a este diario que los desvinculados entre agosto de 2020 y mayo de 2021 fueron un total de 2,591, ya que incluyen a 76 casos en trámite de pensión y 103 del personal militar.
El tramite regular para reclamar la entrega de prestaciones laborales en el gobierno incluye un paseo entre la institución que canceló al empleado y el ministerio de Administración Pública.
Son decenas las personas que a diario, desde distintos puntos de la geografía nacional, asisten a este último ministerio en búsqueda de documentos o en consultas para solicitar sus prestaciones.
Mediante una resolución, el MAP prohibió la cancelación, sanción o destitución de servidores públicos pertenecientes a las categorías de Carrera Administrativa, de Estatuto Simplificado y Temporales mientras dure el Estado de Emergencia, el cual se ratificó el pasado 14 de julio por 45 días más.
Asimismo, el pasado 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajador, el presidente Luis Abinader advirtió que ninguna institución del Gobierno puede desvincular empleados si no tiene los recursos económicos para pagar las prestaciones laborales.
Hasta marzo, el MAP manejaba el dato aproximado de 61,924 servidores públicos desvinculados quienes han solicitado a ese ministerio el cálculo de sus prestaciones. Aunque Listín Diario, según los ministerios investigados, tuvo la cifra de 62,935 despidos.
Al volver a consultarle en julio la respuesta fue la misma, ya que “la Dirección de Relaciones Laborales está inmersa en dar respuesta a las diversas solicitudes de servicios que reciben, diariamente, como son: asistencia para orientación, cálculo de beneficios laborales, comisiones de personal, entre otros”.
Maribel Díaz, tiene 6 meses sin volver a promover la salud en las comunidades que tenía asignadas en Neyba. Tampoco participa de la jornada de vacunación como lo hacía mientras ejercía como empleada de ese ministerio.
Luego de haber pasado por la Procuraduría General de la República a buscar una carta, ayer Maribel fue al MAP a ver qué cantidad le corresponde por los años en servicio. Pero aquí no culmina el proceso, sino que el próximo 31 volverá desde Neyba a buscar el papeleo restante para depositarlo en el ministerio.
Desde El Seibo, un docente que solicitó se omita su nombre por temor a que afecte los procesos que lleva a cabo, va constantemente al MAP a buscar, sin interés económico alguno, documentos para colegas y compueblanos que no tienen las posibilidades o los recursos para agotar el proceso.
Con una mochila con el logo del Ministerio de Educación cargada de folders con copias de documentos personales de sus conocidos, este caballero cuenta que luego de que están desvinculados, los antiguos servidores se van a sus casas a esperar sus prestaciones confiando, al igual que él, en que serán entregadas.
Maribel Brown “limpiaba y de todo”.
Primero investigó con la directora del liceo en que laboraba. Luego asistió al distrito al que pertenece, donde le informaron que desconocían de su situación. Fue días después que en la regional fue informada de que tenía que regresar al distrito en donde aguardaba su carta de desvinculación.
Brown se trasladó este lunes desde “La Sultana del Este” para recoger unos documentos que había depositado en el MAP y luego entregarlos en el Ministerio de Educación para recibir sus prestaciones, aunque le preocupa que los que han sido despedidos en meses anteriores aún no han recibido sus pagos.
En lo que le entregan lo que le corresponde, esta dama de 50 años y que se describe como alguien a quien “todo el tiempo” le ha gustado trabajar, está buscando un nuevo empleo ya que tiene una renta que pagar.
Yamilka tampoco quiere que se conozca su nombre por temor a perder la indemnización que le corresponde.
Tiene 35 diplomas entregados por el propio ministerio de Salud Pública, un diplomado en Economía es estudiante de término de administración de empresas.
La dama, de 40 años, asegura que trabajaba incluso en días feriados, no había tomado vacaciones desde el inicio de la pandemia para trabajar en operativos interinstitucionales y se inmiscuyó en las jornadas de vacunación en extensos horarios.
Otros de los puestos que ocupó en ese ministerio fueron vigilante, inspectora secretaria y luego supervisora del departamento de Salud Ambiental, hasta llegar a coordinadora de Salud Ambiental tras una prueba aplicada por el MAP el 16 de octubre.
Las cifras de personas canceladas en el Estado dominicano de seguro que son mayores, puesto que Listín Diario solo recopiló el número de desvinculaciones en los principales ministerios y hasta el pasado mes mayo. Más entidades del Estado han realizado desvinculaciones, como es el caso de las alcaldías.
Lidio Figuereo Sánchez, exsecretario general de la alcaldía de San Juan y que laboraba allí desde 2010, asistió ayer hasta el MAP para consultar las prestaciones que le corresponden por años en servicio.
Figuereo Sánchez, quien además destacó que pertenece a un partido contrario al PRM, considera que su cancelación fue por algo personal o por razones políticas.
Los desvinculados, en detalle
El Ministerio de Agricultura notificó que desde agosto de 2020 hasta junio de 2021, realizaron 2,529 desvinculaciones. Además de 2,324 empleados nombrados que perdieron su empleo, la cifra total la completan 3 contratados temporeros, 43 contratados en servicio y 28 contratados al 10%.
Asimismo, 19 que estaban en periodo de prueba en nómina, 57 que pertenecían a la seguridad militar y 55 en trámite de pensión.
En tanto que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desvinculó entre agosto y mayo 2,186 empleados fijos y 195 por contrato, que totalizan 2,381. Obras Públicas es el tercer ministerio con mayor número de fijos despedidos, luego de Salud Pública y el Ministerio de Educación.
El Ministerio de Interior y Policía, por su parte, desvinculó a 886 miembros del personal fijo y 779 de los contratados, siendo el que mayor personal de esta última clase desvinculó. Ambas cifras resultan en 1,665, pero al sumarle 1,129 de personal de vigilancia y 594 miembros de programas especiales, el total de desvinculaciones según Recursos Humanos es de 3,388.
Luego de que esta entidad informara que el 26 de julio iniciarían el pago de más de 17 millones de pesos en prestaciones laborales a exempleados desvinculados de la institución, periodistas de Listín Diario consultaron el departamento de Comunicaciones, el cual informó que en 10 meses habían desvinculado al menos 154 empleados, cifra muy reducida frente a un mayor periodo de tiempo que los datos presentados anteriormente.
El Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) es el sexto y último en la lista de aquellos que superan las mil desvinculaciones, tomando en cuenta la cantidad de empleados fijos, nombrados y por contrato que han sido despedidos.
De 1,263, 45 estaban por contrato y 1,218 eran empleados fijos.
El Ministerio de Defensa, contrario al resto de los ministerios, no ofreció los datos exactos, sino que dirigió a su portal de transparencia en donde presentan las bajas por trimestre.
Entre julio de 2020 y marzo de 2021, 387 militares de distintos rangos fueron dados de baja. Los motivos de al menos 238 de ellos fueron por cancelación de nombramientos, suspensiones de funciones y por no ser necesarios sus servicios.
La cifra ofrecida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) supera los 5,000, aunque entre fijos y nombrados el total es de 837.
El número de los primeros es 809, mientras que los segundos asciende a 28 entre agosto del año pasado y mayo de este año.
Pero las desvinculaciones del ministerio dirigido por Víctor (Ito) Bisonó dentro del referido periodo también incluyen otros 310 empleados correspondientes al personal de vigilancia y 4,359 de servicios especiales, con los que se completan 5,506 personas que fueron removidas de sus puestos de trabajo.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marena) indicó a periodistas de Listín Diario que de los cancelados se encuentran 759 que laboraban de manera fija y por contrato otros 12 empleados, los cuales suman 771.
Unos 598 empleados fueron los desvinculados por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), de los cuales 510 eran fijos y 88 estaban contratados.
El Ministerio de Turismo, encargado de la reactivación de ese importante sector de la economía dominicana, desvinculó desde el inicio de la actual gestión hasta el pasado mayo unas 571 personas, 566 eran empleados fijos y 5 por contrato.
El departamento de Recursos Humanos señaló a través de la OAI de esa institución que de esos casi 600 empleados, 56 renunciaron, 479 fueron desvinculados por “conveniencia en el servicio” y 36 por abandono del cargo.
Asimismo, del personal fijo, 69 era personal de libre nombramiento y remoción, mientras que 9 eran de carrera administrativa y 488 era personal de otros grupos ocupacionales.
Recientemente, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín dijo a periodistas de Listín Diario que durante su gestión ha trabajado para reorientar la parte administrativa y el personal «que verdaderamente encontramos un desorden y nos hemos dedicado a aplanar».
El departamento de Recursos Humanos de este ministerio señaló que despidieron a 305 empleados fijos y 100 por contrato, sumando 405. Y citan que de los desvinculados fijos, 7 fueron por derogación mediante decreto presidencial.
El puesto número 13 de los ministerios con mayores desvinculaciones lo ocupa el Ministerio de Cultura, dirigido por Carmen Heredia, con 425.
Los datos presentados en una tabla por el departamento de Recursos Humanos de esa entidad señalan 328 como el total del personal fijo desvinculado entre agosto y mayo; pero si se suma el número que registraron en cada mes, el total resultaría en 355, es decir, 27 personas más, a las que se le suman 70 servidores por contrato.
De igual forma, el Ministerio de la Mujer cedió a Listín Diario un listado de las personas desligadas de esa entidad entre junio de 2020 y junio de 2021. Al revisar los datos, de 400 desvinculados, 7 de ellos corresponden a junio de 2020, así como también 6 personas corresponden a junio de 2021.
En una misiva enviada a periodistas de este medio citan que el total de desvinculados se divide de la siguiente manera: 371 empleados fijos, 25 empleados contratados y 4 empleados nombrados por decreto.
Mientras que en el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre), ninguno de los 359 empleados retirados de esa institución eran nombrados o por contrato, sino que «todos eran empleados fijos».
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) desvinculó a 312 personas clasificadas en: 286 empleados fijos, 17 nombrados y 9 por contrato.
Mientras que en el caso del Ministerio de Hacienda presentó entre agosto de 2020 y mayo de 2021 unos 177 empleados fijos y 123 por contrato que fueron excluidos de la nómina, sumando unos 300.
Rondando las 300 cancelaciones están el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Juventud.
El primero tuvo 293 despidos, de los cuales cesaron los contratos de 28 personas y cancelaron a 265 empleados fijos. Mientras que en el segundo, a 279 servidores fijos, se suma una desvinculación por decreto, para un total de 280 despidos.
99 empleados fijos, 6 empleados nombrados y 6 por contrato suman 111 cancelaciones en el Ministerio de Energía y Minas desde la designación de su ministro, Antonio Almonte, el 16 de agosto de 2020, hasta mayo pasado.
Los dos ministerios que señalaron menos de 100 personas canceladas son el Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Ministerio de la Presidencia (Minpre), con 41 y 33, respectivamente, en el mismo periodo de tiempo que Energía y Minas.
Mientras que el Minpre notificó que todos los desvinculados hasta mayo eran empleados fijos, el MAP informó que 27 de los 33 correspondían a fijos y 14 por contrato.
YADIMIR CRESPO
