POR LUIS ENCARNACION PIMENTEL.- Como garante del bien común y de la protección del colectivo social, el Estado Dominicano jamás debió permitir que intereses ligados a grupos económicos establecieran las reglas y tengan la voz cantante en los servicios y planes de seguro médico que, sin otro criterio que no sea el mercurial, se mal ofrecen a los ciudadanos.
Más que criticable, es criminal, que un paciente acuda – en ocasiones de emergencia y con la vida en riesgo – a un centro médico en busca de la asistencia que necesita y le digan que su seguro no le cubre.
En la práctica, todo ha devenido en un gran negocio, porque de eso se trata, donde ni clínicas, ni médicos y, muchos menos, los pacientes o “asegurados” están contentos.
En Chile, de donde se copió el sistema de seguridad social aplicado aquí, resulto un fracaso.
Pero, a pesar de los abusos y las quejas viejas y en progresivo aumento, poco o nada se hace para ponerle fin a ese adefesio que a tantos afecta, sin distinción de sector social.
Del Congreso, donde hay muchos defensores de intereses, y especialmente del Ejecutivo, debía salir una iniciativa – que ya se hace urgente – para acabar con ese negociazo tantas veces denunciado, y garantizarle la debida asistencia al ciudadano que presenta un carné del seguro en un centro médico, sin la excusa irresponsable, dolorosa y frecuente de que:” eso no lo cubre”.
El caso reciente de un conocido y apreciado amigo de la radio, que debe ser sometido a una costosa cirugía cardiovascular.
Al margen de la fortaleza y el buen ánimo que se tenga, a cualquiera desploma o mata del susto enterarse de la desprotección, ante la necesidad de una operación médica costosa.
Por suerte, amigos y relacionados se pusieron en movimiento y la información llego hasta oídos del presidente Luis Abinader, quien – como también sabemos de otros dos casos, el de un hombre de letras y el de un dirigente político de la oposición con quebrantos de salud – dio instrucciones para que el Estado asumiera los costos médicos.
Se valora el gesto y la intervención oportuna del gobernante ante el drama de figuras públicas, cuyos casos trascienden, pero …. Ojo, ¿y qué suerte le espera al ciudadano común, sin dolientes y sin acceso a oídos agudos y en capacidad de resolver?
Como no siempre se puede depender de que el presidente se entere y ordene la solución, se impone doblarle el brazo a los intereses que manejan el negocio y, sin mayor demora, modificar la defectuosa ley de seguridad social existente, a fin de garantizar que todo ciudadano tenga la debida protección oficial en momentos de dificultades. ¡Y pensar que hay quien tildo de “insostenible” el pago de medicinas de alto costo! (¿).
