POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Imposible una democracia efectiva cuando los recursos de órganos constitucionalmente autónomos dependen exclusivamente de la voluntad del presidente de la República, que cuando no opta por la reelección, al menos siempre querrá dejar a su partido en el poder.
La Junta Central Electoral, según el artículo 22 de la Constitución es “un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera”, pero formula su cuadro de necesidades y desde el Ejecutivo, en todas las administraciones, colocan montos finales de manera antojadiza.
Los presidentes en “gesto bondadoso” siempre advierten “si la Junta requiere más recursos, no habrá problemas” con el autobombo de ser defensores de la democracia.
En otros contextos, sufren situaciones similares el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral y el Defensor del Pueblo. (El TC como contrapuesta para negarle el aumento del presupuesto al instalarse, le prometieron adjudicarle un local y terminaron recluyéndolo en una esquinita del Inespre, entre arroz y habichuelas, para intentar reducir su dignidad).
La independencia se garantizaría si el poder público y órganos citados presentaran y defendieran sus presupuestos en el Congreso Nacional, técnicos frente a técnicos, y que los adjudicados respondan por cada peso, hasta penalmente. La principal actividad de la democracia y el funcionamiento del sistema de justicia y de garantías de los derechos humanos no pueden estar en los bolsillos de la primera figura política del país.
A la actual JCE, elegida por consenso, en un congreso de mayoría perremeista, se le retrasa una imprescindible reforma de las leyes electoral y de partidos políticos y se le niegan los recursos que ha documentado precisa para 2023.
La Junta planteó un presupuesto de algo más de 18 millones de pesos, pero los perremeistas, en gobierno y congreso, solo concedieron 8 mil 11 millones, para una reducción de 10 mil millones. Sorprendió la reducción tan drástica a menos de la mitad.
El presidente de la JCE, Román Jáquez, quien sometió las propuestas de reformas al inicio de su gestión, ha advertido que los recursos son necesarios en 2023, para las primarias de los partidos en octubre y la preparación de las elecciones municipales de febrero. También para algunos tramos preparatorios de las presidenciales y congresuales de mayo.
Los partidos de oposición se han sumado al reclamo, aunque no han empujado lo suficiente las reformas electorales, porque al final todos rehúyen a la regulación en montos y transparencia de recursos económicos, tiempo de campaña y efectiva persecución de los delitos electorales. Los llamados mayoritarios violan en la actualidad las normas con sus mal disimuladas actividades proselitistas.
Las leyes electoral y de partidos políticos actuales fueron aprobadas apresuradamente en agosto de 2018, luego de casi 20 años de escarceos, impuestas por el grupo dominante del entonces oficialista PLD para saldar ventajosamente diferencias internas. Resultaron contradictorias y con déficit constitucional, lo que obligó al TC a descuartizar aquel esperpento.
En aquella ocasión el presidente de la JCE, Castaños Guzmán, que casi rogaba pronta aprobación de los proyectos, dijo que las primarias partidarias dependerían de “los recursos, el tiempo, la logística y la tecnología”. Y luego de una visita al presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional: “estamos viendo los mecanismos para que el Estado dominicano pueda aportar para las primarias sin que se contravenga el presupuesto nacional del 2019. (Esas primarias impugnadas por una de las partes provocó la división del PLD).
Se repite el comportamiento político de restar fortaleza al órgano electoral, lo que afecta al mismo sistema de partidos y la institucionalidad del país.
Den una miradita a lo que pasa en Latinoamérica…
