POR CRISTHIAN JIMENEZ.- El presidente Luis Abinader ha repetido que “ni me canso, ni me cansan” pero parece dar muestras de agotamiento ante el atajo de las ejecuciones policiales, el mayor signo de fracaso a la reforma de una institución garante del orden público y los derechos de las personas.
El único mandatario que ha logrado cambios serios en la vida de los policías, invertido un promedio de 3 horas semanales presenciales en más de 200 reuniones los lunes en seguimiento al plan de seguridad ciudadana y la disposición de unos 52 mil millones de pesos al 2008 para la reforma, cambió aquella frase de resistencia a la tradición represiva, por la conminatoria frase policial “si no se entregan, les irá peor”.
Si la ejecución de presuntos o reales delincuentes resolviera el grave problema de la inseguridad en el país, la mayoría de los jefes policiales de los últimos 30 años exhibiera en sus casas enormes trofeos, ya que uno mató más que el otro. Generales con cementerios particulares.
Datos gugleados, inexactos, atribuyen sobre 4 mil ejecuciones a los tres períodos presidenciales de Leonel Fernández; 1,092 a los dos mandatos de Danilo Medina y 1,060 a la gestión de 4 años de Hipólito Mejía. En la actual administración pasarían de mil, con record para este inconcluso septiembre de más de uno por día. El viernes último la Policía reportó 8 en 24 horas.
La institución aceleró el gatillo, luego de la indignación nacional por el horrendo asesinato de la esposa de Julián Sarante (Oro Duro) y las torturas y robo al artista. Sin embargo, los 4 hombres señalados como responsables del hecho por la Policía sobrevivieron. Se entregó uno, que identificó a los otros tres.
Alias Yandel, quien se entregó luego de un acomodaticio relato del acto de barbarie, nació en 2003, año de 84 muertes de “delincuentes”, siempre pobres de entre 18 y 35 años, en “intercambio de disparos” y el apodado Chiquito, el otro autor material, vino al mundo en 2008, año en que sitúan las ejecuciones en alrededor de 500. En octubre de ese año el entonces ministro de Interior y Policía, Franklin Almeyda pidió al jefe de la institución, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, sacar de la institución a policías que “son criminales, casi por formación”.
La preservación de la vida de estos monstruos, con el exchofer y asistente de Julián Oro Duro a la cabeza, permitió establecer que no fueron dos ladrones que penetraron casualmente a una vivienda, si no, obra de los bajos instintos de un colaborador. Además, esto posibilitó la recuperación del dinero y las joyas, tradicionalmente botín de guerra policial.
Testimonios de oficiales policiales permiten establecer que muchas ejecuciones se deben a abusos de poder, búsquedas de ascensos, vulgar robo a víctimas y crímenes por encargo.
Es tiempo de rectificar.
