POR LUIS ENCARNACION PIMENTEL.- Un punto flaco o error costoso en que incurren gobernantes democráticos que quieren proyectarle una imagen de confianza y de transparencia a su gestión, es la incorporación al gabinete de figuras que desde la plataforma de la sociedad civil se han vendido como técnicos calificados e “independientes” y que, ya en la práctica, proceden sin ningún criterio ni sentido político, incurriendo en extremos que le hacen enorme daño y hasta ponen en peligro la propia estabilidad de ese gobierno.
El asunto es que cuando las cosas no salen bien, es el partido gobernante o el presidente de turno el que carga pesado y a quien se le pega “el muerto”, porque esos servidores “sin compromiso” son los primeros en tirarse del barco y encontrar la rápida excusa de que ellos “no son políticos”, que no son responsable de ningún desbarre, porque a ellos los llamaron a “servir” en su condición de “independientes”.
Un ejemplo muy sintomático de esa realidad puede ser el gobierno de Jorge Blanco, él ya con los huesos como su apellido, pero responsables de medidas que estigmatizaron su gestión y provocaron un estallido social de muchos muertos siguen por ahí “pontificando”.
El presidente Luis Abinader, con más fe que los anteriores, para reforzar su bandera de la “transparencia”, vino e insiste en su tesis de los “independientes”, ya no solo con respecto al Ministerio Público.
Hubo un caso – filtrado ahora, pero viejo, y desautorizado desde” arriba” antes de que, cual granada destructora, estallara en perjuicio de la imagen del gobierno y de unas buenas relaciones con la prensa.
Fue cuando Contrataciones Públicas – donde, ciertamente, había mucho que controlar y corregir – quiso enmendarle la plana a SENASA por una campaña de salud y seguridad social colocada en algunos medios.
Allí, el titular del “órgano rector “, que hizo un nombre en su periplo por distintos programas independientes de televisión como miembro de la sociedad civil ,escribió que:
«Es de opinión que los programas que se realizan en la televisión y la radio no pueden ser considerados medios de comunicación social ,sino que, para hacer uso del procedimiento de excepción ya citado, las instituciones contratantes DEBEN CONTRATAR DIRECTAMENTE CON EL CANAL O LA EMISORA A TRAVES DE LA CUAL SE REQUIERE REALIZAR LA DIFUSION DE LA INFORMACION”.
Torpe e insostenible, cuasi criminal, porque empujaba a la desaparición de los programas independientes- que sí son medios e incluso formalizados en pequeñas empresas (SRL) – que les pagan a los canales y emisoras por el espacio arrendado o en sociedad y la DGII les cobra hasta el odioso anticipo,
Los “candados” que se pongan a lo que sea no pueden ser torpes, un invento alegre ni, mucho menos, violatorios de derechos.
Con la pervivencia de núcleos sociales importantes y con la estabilidad de un gobierno no se puede jugar ni inventar.
El autor de esa tropelía llamó hace poco a un espacio de la mañana para aclarar que los programas no iban en la” cola”, pero el asunto es que, algo viejo y no ejecutado, pero la intención la hubo y se escribió.
¡No me defienda, compadre! Y, presidente,” mocha afilada” a partir de agosto para quienes no tengan claro el equilibrio, prudencia y tacto que requieren el manejo de un Estado.
