POR VINICIO CASTILLO SEMAN.- No pocos amigos me critican, cuando he dicho que el proyecto de ley de Trata de Personas, se redactó fuera de la Consultoría Jurídica y que fue sometido al Congreso como una iniciativa presidencial, sin que el Presidente midiera los alcances jurídicos de su contenido, que en este caso es aniquilar el poder soberano del Estado de repatriar ilegales haitianos, bajo la falsa premisa de que ellos pueden ser considerados víctimas de tráfico humano y no transgresores de nuestras leyes migratorias.
En esencia, el proyecto de ley enviado al Congreso crea mecanismos legales para la permanencia en RD de todos los haitianos ilegales, especialmente sus parturientas y todos los menores de edad que puedan ingresar a territorio nacional, poniendo a cargo del Estado su cuidado y protección. En otras palabras, la fusión RD-Haití metida de contrabando en un proyecto de ley de Trata de Personas.
Estoy convencido que el Pte. Abinader, que de manera digna y valiente le dijo al Pte. De Estados Unidos que no podía firmar el Pacto Migratorio en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, no tenía conocimiento a la hora de firmar la carta de remisión al Congreso, de los alcances devastadores contra el país del contenido de ese proyecto.
He estado muy cerca de dos presidentes, y por experiencia vivida sé lo vulnerables que son cuando no tienen un cuerpo de asesores que les adviertan a tiempo de fallos y situaciones delicadas de documentos que llevan su firma.
En el caso del Pte. Abinader, no es abogado, tiene una ardua agenda diaria, y en muchos casos no tiene el tiempo de estudiar personalmente cada proyecto que envía al Congreso. Sólo así me explico que haya podido firmar esta atrocidad contra la República.
No hago estos planteamientos para quitarle responsabilidad. Lo hago porque lo creo. Como además creo que el único camino honorable que tiene para enmendar esta situación tan grave es retirar el proyecto de ley. Esa ley no es ninguna necesidad, ni ninguna obligación internacional, como se ha dicho.
El compromiso asumido por el país en el Acuerdo de Palermo del año 2000, fue cumplido con una ley muy buena aprobada en 2003, la Ley Especial contra la Trata de Personas, vigente, y que lamentablemente, a pesar de establecer graves infracciones y penas, tiene poca aplicación si se contabilizan los sometimientos y condenas.
Si el Presidente no retira el proyecto ignominia, cargará con responsabilidad histórica y unificará el país en contra de ese adefesio. Y no dejará otro camino que la movilización de masas populares al Congreso, igual que ocurrió cuando Danilo quiso imponer su reelección.
Presidente, desactive eso. Retire ese proyecto. Es lo que más le conviene al país y a usted.
