POR DANILO CRUZ PICHARDO.- Durante 24 años consecutivos el problema de la inseguridad ciudadana constituye un problema prioritario para la sociedad dominicana. Desde 1999 representa la principal inquietud de las personas encuestadas.
En las últimas investigaciones el segundo lugar lo ocupa el costo de los productos de la canasta familiar y en tercer lugar el tema haitiano.
La corrupción pública está relegada a un cuarto y, en ocasiones, a un quinto puesto, detrás del desempleo. Mucha gente llana del pueblo lo que alega es que en todos los gobiernos se roba, una conformidad propia de la baja escolaridad y pobre nivel de conciencia política.
El mayor nivel de protesta contra la corrupción pública y la impunidad se alcanzó cuando el movimiento cívico Marcha Verde estuvo activo en la última etapa de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, pero ese no fue el motivo de su salida del poder político.
Antes del 6 de octubre de 2019, es decir, fecha en que se impuso a Gonzalo Castillo sobre Leonel Fernández, todavía el PLD era la principal organización política del país y pudo haber ganado el certamen comicial del 2020.
Hoy lo repito –lo que ya he sostenido en otras entregas–: el PLD perdió en primer lugar por la división y en segundo lugar por las fraudulentas y frustradas elecciones municipales de febrero de 2020, que generaron protestas y cacerolazos en todo el territorio nacional.
La derrota nunca tuvo como causa los altos niveles de corrupción pública del peledeísmo, aunque sí la presente administración obtuvo provecho político de los selectivos casos de persecución judicial iniciados por el Ministerio Público.
Diferente a otros países de la región, donde el Poder Legislativo ha sido capaz de celebrar juicios políticos e inclusive destituir mandatarios, aquí los legisladores, en su mayoría, no cumplen con sus atribuciones de representar, legislar y fiscalizar. Nuestros diputados y senadores, con contadas excepciones, no nos representan.
Simplemente están en búsqueda. A las cámaras legislativas llegan contratos onerosos al interés nacional y sus miembros proceden a la aprobación sin ni siquiera leerlos. En ocasiones es cumpliendo con líneas bajadas del partido o del propio gobierno.
En materia de corrupción pública ya se está dando el mismo fenómeno que observamos durante los gobierno del PLD, donde un escándalo de corrupción se saca de los espacios periodísticos con otro caso de corrupción.
Es un viejo truco de manipulación periodística. El contrato del Gobierno con Aerodom motiva a que nadie hable del INTRANT y Hugo Beras. Y al llegar la navidad no se hablaría de ninguno de los dos hechos, con la agravante de que la gente de Marcha Verde está en otra cosa y no se observa a un movimiento sustituto que pueda retomar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Quiérase o no, esas protestas contribuyen a ofertar percepciones.
Son las clases alta y media que cuentan con los mayores niveles de conciencia política y de acuerdo a la firma encuestadora Greenberg, en su último estudio publicado, en esos sectores es que está la mayor fortaleza electoral del presidente Luis Abinader.
