Santiago. La jueza Norma Zapata, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago Rodríguez, impuso prisión domiciliaria, una garantía económica e impedimento de salida contra el sacerdote católico Anselmo Alejandro Peña Sánchez, imputado de abuso sexual.
Además, la magistrada rechazó la solicitud de extinción del caso como medida de protección a las víctimas. Los 500 mil pesos de garantía económica, deberán pagarse vía una compañía aseguradora. El ministerio público pedía prisión preventiva contra el religioso, por lo que se cree que la decisión será apelada. Las medidas de coerción están establecidas en el artículo 226, número 1, 2 y 6.
El sacerdote fue arrestado por la Fiscalía de Santiago Rodríguez con una orden judicial tramitada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial.
La pesquisa se inició tras denuncias públicas de varias víctimas que señalaron haber sido agredidas sexualmente por el imputado, entre ellas, dos mujeres que aseguraron haber sufrido abusos desde que eran menores de edad, específicamente a los 12 y 14 años, situación que se habría prolongado durante varios años.
Una de las víctimas formalizó su denuncia el pasado 12 de septiembre de 2025, relatando que fue agredida por Peña Sánchez desde los 14 años, hechos que dijo continuaron, incluso, durante su adultez. Según su testimonio, conoció al imputado en el municipio Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, cuando este se desempeñaba como párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.
El sacerdote frecuentaba el hogar de la víctima y se ganó la confianza de la familia, situación que aprovechó para acercarse a ella y cometer los abusos, valiéndose de manipulación, intimidación y amenazas. En el curso de la investigación se realizaron allanamientos debidamente autorizados en propiedades del imputado.
Por nuevas evidencias y posibles víctimas
El Ministerio Público mantiene abierta la investigación contra el sacerdote Anselmo Alejandro Peña Sánchez, luego de que en allanamientos realizados en sus propiedades se incautaran fotografías de presuntas víctimas y equipos electrónicos que serán analizados, las autoridades trabajan en la incorporación de nuevos testimonios, entre ellos el de una hermana menor de edad de la denunciante.
MIGUEL PONCE
