Ruidos por alquiler de vivienda y salida de 11 altos funcionarios sacuden inicio de gestión del nuevo ministro de Agricultura
SANTO DOMINGO.- A menos de tres meses de la designación del ingeniero agrónomo Francisco Oliverio Espaillat Bencosme como ministro de Agricultura, la institución atraviesa una ola de salidas de funcionarios, denuncias de irregularidades y cuestionamientos sobre el manejo administrativo que han encendido las alarmas dentro del sector público.
Aunque inicialmente se manejó que varias de las salidas fueron renuncias voluntarias, el propio funcionario ha sostenido posteriormente que se trató de desvinculaciones, una contradicción que añade más incertidumbre sobre la situación interna del ministerio.
Renuncias con denuncias graves
Uno de los casos más delicados es el de Eduard Francisco Marte, quien se desempeñaba como encargado del Departamento de Construcción y Reconstrucción de Caminos Vecinales y presentó su renuncia el 30 de marzo.
En su carta, Marte denunció haber sido “ultrajado, maltratado y desconsiderado verbalmente” por el ministro en presencia del viceministro de Producción y Mercadeo, Juan Antonio Gómez.
Pero el señalamiento más serio apunta a presuntas irregularidades en la asignación de obras públicas. Según Marte, se le habría instruido canalizar trabajos por unos RD$800 millones a través de empresas vinculadas a un ingeniero identificado solo como Saldaña, sin cumplir con los procesos de licitación establecidos en la Ley 47-25 sobre contrataciones públicas.
El exfuncionario aseguró que recibió listas de compañías para ejecutar los trabajos, lo que, afirma, contraviene la ley y los principios de transparencia en la administración pública.
Interferencia y falta de control administrativo
Otra renuncia significativa fue la de Adry Valentín Núñez Monegro, encargado de Transportación, quien dimitió el 9 de abril alegando imposibilidad de ejercer sus funciones.
En su comunicación, denunció intervenciones externas en áreas bajo, su responsabilidad, especialmente en la asignación, control y retiro de vehículos, sin coordinación ni claridad en las competencias.
“El rol se ha vuelto meramente nominal”, advirtió, señalando que la situación vulnera principios básicos de organización, control administrativo y transparencia.
Ambiente laboral “hostil”
Ese mismo día también renunció Jesús Manuel Pimentel Bencosme, encargado del Departamento Jurídico, quien apenas tenía poco más de un mes en el cargo.
El exfuncionario atribuyó su salida a un “ambiente de trabajo hostil”, con denuncias de persecución, irrespeto y reiteradas violaciones a los debidos procesos, lo que, según explicó, hacía inviable el ejercicio de sus funciones bajo criterios de legalidad.
Sin embargo, en un giro llamativo, ese mismo día el ministerio emitió una comunicación oficial notificando su cancelación “por conveniencia de servicio”, lo que refuerza las contradicciones sobre la naturaleza de las salidas.
Cancelaciones y cambios administrativos
La lista de desvinculaciones incluye también a Luis Rodolfo Pérez Suárez, director Administrativo, quien fue cancelado el 9 de abril bajo el mismo argumento de “conveniencia de servicio”.
Las comunicaciones oficiales, firmadas por la directora de Recursos Humanos, Marina Yolanda Espinal Tobal, se limitan a formalizar la salida sin ofrecer mayores explicaciones, una práctica común en la administración pública, pero que en este contexto ha sido cuestionada.
Decisiones administrativas bajo escrutinio
Paralelamente a estas salidas, el Ministerio de Agricultura emitió el 13 de marzo la resolución RES-MARD-2026-17, que autoriza el alquiler de una vivienda institucional para uso del ministro.
El documento establece que no se trata de un beneficio personal, sino de una medida operativa.
Ese mismo día, mediante la resolución RES-MARD-2026-19, se dispuso la reactivación del Comité de Ética Institucional, encargado de promover la transparencia, prevenir conflictos de interés y fortalecer la integridad en la gestión pública.
¿Contradicción entre discurso y práctica?
La coincidencia entre la reactivación del Comité de Ética y las denuncias de irregularidades, conflictos de interés y violaciones a procesos legales plantea una tensión evidente entre el discurso institucional y la realidad denunciada por exfuncionarios.
Mientras el ministerio promueve formalmente valores de ética y transparencia, las cartas de renuncia describen un escenario marcado por presiones, decisiones discrecionales y falta de apego a normas legales.
