POR LUISANA LORA PERELLO.- Cada 12 horas, una vida dominicana se perdió por suicidio en 2025. Esa cifra, por sí sola, debería estremecer cualquier agenda pública.
Durante años, la salud mental fue tratada como un tema secundario en la política sanitaria nacional. Sin embargo, los datos recientes obligaron a cambiar la conversación.
Entre enero y septiembre de 2025 se realizaron 247,687 consultas externas en salud mental en centros de la Red Pública. Fueron 24,440 más que en el mismo período de 2024. No fue un simple aumento estadístico; fue una señal de que más dominicanos estuvieron pidiendo ayuda o enfrentando crisis que ya no podían manejar en silencio.
Ese mismo año, el país registró cerca de 350 suicidios. Detrás de cada número hubo una historia personal, una familia impactada y, en muchos casos, señales de alerta que no encontraron respuesta a tiempo.
Las cifras dejan una doble lectura. Por un lado, reflejaron mayor búsqueda de atención y quizá una reducción del estigma. Por otro, evidenciaron que la depresión, la ansiedad, las adicciones y otros trastornos mentales ya tienen un peso real en la vida social dominicana.
La preocupación no fue solo local. En 2025, la Organización Mundial de la Salud advertía que más de mil millones de personas en el mundo vivían con alguna afección de salud mental y que la necesidad de actuar era urgente e indiscutible. El organismo subrayaba, además, que existen estrategias viables y costo-efectivas para atender este desafío, recordando que la salud mental es parte integral del bienestar y del desarrollo de los países.
En ese contexto, el Gobierno dominicano anunció ampliaciones en servicios, camas psiquiátricas y unidades de intervención en crisis. Son pasos necesarios y positivos. Colocar el tema en la agenda pública ya representa un avance frente a décadas de silencio institucional.
Pero en salud mental, la infraestructura es solo una parte de la ecuación.
El verdadero reto sigue estando en la prevención, la detección temprana, el seguimiento comunitario y la disponibilidad de profesionales capacitados. Un sistema puede crecer en números y aun así no llegar a tiempo a quien más lo necesita.
También persiste la brecha territorial. En muchas provincias, el acceso a servicios especializados continúa siendo limitado, lo que provoca que numerosos casos se atiendan en fases críticas, cuando el tratamiento es más complejo y costoso.
Aquí surge una pregunta inevitable: ¿Está el país invirtiendo en prevención al mismo ritmo en que crece la demanda de atención?
La salud mental no es un lujo ni un tema de élite urbana. Es un componente esencial de la productividad, la estabilidad familiar y la cohesión social. Ignorarla termina generando costos más altos al Estado y a la sociedad.
Quizás uno de los mayores avances ha sido que el tema ya se discute sin susurros. Pero hablar no basta. Las cifras de 2025 deben servir como advertencia y punto de partida para políticas sostenidas, evaluaciones transparentes y estrategias que trasciendan períodos de gobierno.
Porque cuando una sociedad comienza a perder a sus ciudadanos por causas prevenibles, el problema deja de ser individual y se convierte en colectivo.
República Dominicana ya recibió la señal de alerta. En 2026, la discusión no debería ser si actuar o no, sino cuán rápido y cuán profundo estamos dispuestos a hacerlo.
