POR LUIS ENCARNACION PIMENTEL.- Las quejas y denuncias concretas sobre el despojo de propiedades con títulos falsos, citaciones en el aire para sorprender, incumplimiento de sentencias de los tribunales y complicidad de autoridades con prácticas violatorias de leyes y derechos ciudadanos no son nuevas, pero se hacen recurrentes y siguen como el primer guandul.
Todo apunta a la existencia de un tinglado mafioso o mercado organizado que se sobre pone a los gobiernos y burla cualquier acción o esfuerzo oficial con miras a fortalecer y garantizar la debida seguridad jurídica.
En la práctica, solo una aspiración, porque es materia pendiente.
De nada – o de poco- sirvieron los esfuerzos correctivos del magistrado Jorge Subero Isa desde la Suprema Corte de Justicia para sancionar a alguaciles cómplices del juego dañino e inmoral de abogados irresponsables dados a prácticas irregulares y engañosas.
(¿Por cierto, que ha hecho y logrado el gremio profesional para ejemplarizar con estos “descarriados “y sus prácticas indebidas?).
Asimismo, parece petrificado en el tiempo el accionar del histórico Registrador de Títulos, Wilson Gómez, quien mantuvo a rayas a autores y cómplices del desorden y mafia que, sustentado en casos concretos, siguen presentes en el mercado inmobiliario.
Difícil de ponerle el cascabel al gato, aun en los actuales aires de reformas y de “transparencia”, porque el problema – solo parte de los muchos vicios y males estructurales de la sociedad – ha desbordado y se ha escapado del control del Estado.
El este del pais, y más con el valor de la tierra a partir del desarrollo turístico – inmobiliario, se ha tornado vulnerable y en un hábitat de las mafias.
Higüey, con casos viejos y otros más frescos, es buen referente para “entrarles a dos manos”, cuando desde lo más alto haya voluntad política y se “baje una línea”. Procuraduría debe “ponerse las pilas” …
Ayer le llevarían unos datos, que ojalá lleguen hasta la magistrada Miriam Germán, de un caso que se da en Verón, de una propiedad de Víctor de Camps por 25 o 30 años, con dos sentencias a favor, y que ahora, exhibiendo un título falso, vigilantes civiles con escopetas en mano y la presencia de alguien vestido de coronel para intimidar, rompen una pared empedrada y se las quieren coger (?).
Eso escapa a lo privado y cae en el interés público y en la seguridad jurídica.
