SANTO DOMINGO. Una gran cantidad de ausencias, pocas propuestas legislativas, y nula participación pública, conforman el perfil del diputado del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) Sergio Moya (Gory Diputado).
El reciente vinculado al caso Calamar, luego de que fuera señalado por al menos cuatro delatores, se mantiene fuera de los focos en la Cámara Baja.
Gory, quien fue reelegido como diputado para el actual período legislativo, mantiene un perfil aislado y hermético, mostrando su actividad legislativa dentro del Congreso Nacional sólo cuando su nombre aparece en la pantalla de votación del hemiciclo.
No obstante, aunque es uno de los pocos espacios dónde se puede encontrar, posee una gran cantidad de ausencias en sus labores, tanto en trabajos del hemiciclo como de comisiones.
Una consulta realizada por Listín Diario al portal del Sistema de Información Legislativo de la Cámara de Diputados, reveló que Gory mantiene una alta tasa de ausencias, pocas iniciativas legislativas y ninguna participación pública.
Inasistencia
Con respecto a la asistencia, Gory ha faltado a 112 sesiones de la Cámara de Diputados, lo que representa casi la mitad de las reuniones convocadas (44%).
Pero la tasa de ausencia es mayor en comisiones de trabajo, ya que el diputado del PRM, quien según el portal legislativo actualmente sólo es miembro de la comisión de Hacienda, ha estado presente nada más en 39 reuniones de 188 posibles, lo que se traduce a una inasistencia del 80%.
Sólo resoluciones
En lo que respecta a su trabajo legislativo, el portal de la Cámara de Diputados lo vincula con unas 18 piezas. No obstante, sólo cinco son de su autoría.
Sumado a esto, esas cinco piezas son resoluciones, habiendo sido depositadas todas en el año 2019 y de estas nada más una fue aprobada, la cual recomienda “la instalación de un parque de zona franca en la avenida Circunvalación del Río, a orillas del río Ozama”.
Pocas palabras
La participación de Moya en la Cámara de Diputados se limita a votar, cuando está presente. El registro que lleva el órgano legislativo sobre las participaciones o alocuciones de los legisladores no refleja ninguna por parte de Gory en la actual legislatura.
El único antecedente donde se observa alguna participación legislativa de Gory fue en el año 2017.
Un tuit publicado por la Cámara de Diputados el 16 de octubre del año 2017 muestra al diputado Gory participando de un «Foro Legislativo» donde, según el registro, dijo que esperaba que el foro «sea para canalizar propuesta y para escuchar a la ciudadanía».
Por otro lado, el legislador no suele interactuar con periodistas ni ofrecer ningún tipo de declaración.
Operación Calamar
El legislador fue señalado por cuatro delatores del caso Calamar, quienes lo vincularon como uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería, uno de los apéndices delictivos del supuesto entramado de corrupción destapado.
Los delatores, identificados como Ramón Emilio Jiménez, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y Frixo Mesina Arvelo, revelaron en interrogatorios con los fiscales que Gory fungió como «coordinador de la recolección del dinero irregular».
Según explicó uno los delatores, Moya fue contactado para «reubicar» la estructura luego de la salida de Crisóstomo. No obstante, indicaron que con el diputado «las ganancias se redujeron a la mitad».
“Crisóstomo tenía todo el proyecto, era quien tenía todos los papeles y entonces contacté al señor Sergio Moya, a quien le decimos ‘Gori’, que lo conocía de años anteriores, cuando yo apostaba en juegos de azar, yo lo conocía, entonces él era banquero o ha sido banquero toda su vida y él me ayudó a reubicar parte de eso, pero el sistema se fue a la mitad de lo que Crisóstomo recaudaba”, dijo Jiménez Collie.
Antecedentes
Moya en el año 1998 fue acusado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de presuntamente lavar unos 300 millones de dólares, junto a 14 personas.
No obstante, en marzo del año 2000 tanto Moya como otras tres personas fueron descargadas “por insuficiencia de pruebas” por la Segunda Cámara Penal, a la cabeza de la jueza Ilsis Muñoz.
Más reciente, en el año 2020, el diputado sometió a la justicia al comunicador Ángel Martínez, quien lo vinculo al narcotráfico en un programa transmitido por Youtube.
Tras las declaraciones, Moya se querelló ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra Martínez, a quien acusó de violación a la Ley de Crímenes y Delito de Alta Tecnología y por difamación e injuria.
El comunicador informó que su canal de Youtube «Detectiva Angel» que el diputado del Distrito Nacional por el PRM supuestamente estaba vinculado al narcotráfico, por lo que el legislador sometió la demanda y exigió que sea condenado a prisión y al pago de una indemnización por 10 millones de pesos por daños y perjuicios.
PAUL MATHIASEN
