POR NARCISO ISA CONDE.- En nombre de la lealtad a la transparencia es necesario que se aclaren, o que se informe bien a esta sociedad, sobre una serie de transacciones y hechos del Gobierno.
Unas son operaciones realizadas y otros nombramientos ejecutados y casos que podrían generar conflictos de intereses y/o facilitar tráfico de influencia y complicidad con ciertos delitos impunes.
No se sabe de las firmas contratadas para el marketing político y “asesorías de imagen” del Gobierno, el Presidente y su Gabinete. Si son de aquí o del exterior, quiénes las dirigen, cómo se les paga, cuánto se le paga y cuál es el monto erogado por ese concepto en estos seis meses de gobierno. Igual lo concerniente a publicidad oficial en medios de comunicación privados y estatales.
Deberían publicarse los contratos del Ministerio de Educación con televisoras y emisoras radiales donde se transmiten clases a distancia; así como costos de materiales impresos y videos. Amerita que se transparente bien la compra de equipos a una empresa de Andy Dahuajre, La Novia de Villa, dando a conocer también la documentación correspondiente, sin olvidar sus vínculos con el caso Odebrecht.
Igual debe hacerse con todas las compras del Gobierno, que amparadas en el “Estado de Emergencia Nacional”, no han pasado por la Dirección de Compras y Contrataciones.
El presidente Abinader no ha querido aclarar lo de la donación o compra del carro presidencial Tesla y su uso en la ceremonia de traspaso de mando, hecho que implicó una enorme promoción comercial a la empresa que produce y distribuye esa marca.
ampoco quiere dar razones del nombramiento como administrador del Banco de Reservas-BR de una persona involucrada en el escándalo de los Súper-Tucanos, hecho conocido antes de ser encargado de las finanzas de su campaña y de ser nombrado en el BR por el Presidente. Igual acontece con el caso del ministro de Medio Ambiente, abogado del Fantasma de Antena Latina. Frente a las denuncias de estos hechos, Abinader mantiene las designaciones y enmudece.
Es saludable, además, que la Comisión de Ética investigue esos dos casos y precise además si es o no “conflicto de intereses”, proclive al “tráfico de influencia”, que un ministro multimillonario perteneciente al grupo económico más poderoso del país, encabece la Comisión de Ventas de Activos del Estado, con el agravante de haberse consignado en el Presupuesto del 2021 ventas por 89 mil millones de pesos, precisamente referidas al área energética, donde ese grupo tiene fuertes intereses ventajosamente asociados al Estado. Y por hoy… lo dejo hasta aquí.
