A pesar de tener el presente año completo en diálogos, comunitarios de Sánchez Ramírez y representantes de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo continúan en negociaciones sin llegar a ningún acuerdo, ante los deseos de la institución de construir una presa de colas.
La presencia de unidades especializadas del Ejército de República Dominicana, la Policía Nacional y las maquinarias pertenecientes agrava la situación, generando intranquilidad en las comunidades de esta provincia.
Aunque hasta el momento se ha logrado la firma de un contrato entre ambos, algunos no han podido encontrar un punto medio que beneficie a ambas partes.
Meses atrás existían las reuniones entre los afectados, la minera, el Ministerio de Energía y Minas, representantes de la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo; pero luego de la firma del convenio estas censaron sin lograr resultados.
Contaminación
Desde tempranas horas son notorias las retroexcavadoras en el distrito municipal de Zambrana Abajo, una de las localidades que la corporación pretende movilizar para la construcción de una nueva presa de colas; lo que ha provocado que en varias ocasiones los locales se recuesten al suelo para impedir los trabajos.
“La Barrick lo que está es pisoteando los derechos de la comunidad, están acabando con todo. Militares que debieran estar en la frontera y están vendiendo sus intereses”, declaró previamente el munícipe Cirilo Vásquez a elCaribe.
En comunidades como El Rayo, Los Naranjos, Los Higos, Las Tres Bocas, Arroyo Vuelta y Las Lajas se observa cómo la biodiversidad en ríos como El Naranjo y Maguaca ha disminuido notablemente, debido al derrame de materiales tóxicos que llegan a estos afluentes.
Esperan cumplimientos ambientales
Los dolientes de esta zona señalaron que anteriormente el río El Naranjo suplió a más de mil familias, sin embargo en la actualidad aquel que decida tomar de esta agua probablemente le cueste la vida. Además esperan que sean cumplidos los estándares ambientales y sociales y que estos sean en beneficio para ambas partes. 600 familias podrían ser movilizadas.
MARIA TEJADA LORENZO
