SANTO DOMINGO.- Sin un ajuste fiscal, el Gobierno dominicano proyecta que para el año 2022 el déficit de las cuentas presupuestarias y las necesidades de endeudamiento seguirán creciendo a niveles incluso mayores que los registrados este año.
De acuerdo con el documento “Informe de avance: proyecciones macroeconómicas y fiscales 2022” que remitió el Ministerio de Hacienda al Congreso la semana pasada, si no se hace una reforma fiscal y todo sigue como está, el próximo año el país tendrá que endeudarse por 341,116 millones de pesos, equivalentes al 6.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) para cubrir sus necesidades de financiamiento, y aun así el hoyo fiscal terminará en 4.4 % del PIB.
Las previsiones presupuestarias preliminares que presentó el Ejecutivo de cara al año 2022 incluyen tres escenarios: uno en el que la estructura tributaria y fiscal sigue como está, otro en el que el gasto se basa en la prioridad, eficiencia y en la sostenibilidad de la deuda, y un tercer panorama en el que se materializa una reforma, a través de “un proceso de reestructuración fiscal inte- gral” que todavía no ha comenzado, pese a los reiterados llamados presidenciales al respecto.
Los escenarios posibles
En el segundo escenario —en el que se hacen ajustes al gasto público y otro manejo de la deuda, pero sin un pacto fiscal— y en el tercero —ajustado a un Pacto Fiscal que amplía la base tributaria y “racionaliza las exenciones tributarias, respetando los derechos adquiridos”—, la brecha presupuestaria se reduciría a 2.7 % del PIB, mientras que las necesidades brutas de financiamiento bajarían a 243,329.4 millones de pesos, un monto que equivaldría a 4.3 % del PIB.
En la deuda que se asuma en 2022, se mantendrán como fuentes las emisiones de bonos globales, tanto en pesos como en dólares, el financiamiento bilateral y multilateral y la banca local, según indica el documento.Los coletazos del COVID-19
En su misiva al Congreso, José Manuel “Jochi” Vicente, ministro de Hacienda, explicó que la estrategia para el manejo de la deuda pública se enfocará en la minimización de los costos de financiamiento y la mitigación de los riesgos del portafolio, en vista de que todavía los mercados están sometidos a la incertidumbre generada por la pandemia del COVID-19.
Y el coronavirus seguirá como un factor latente en la situación económica dominicana. “Para 2022 se espera que el efecto que ha tenido el contexto pandémico en las finanzas públicas disminuya considerablemente. Sin embargo, se proyecta que parte de estas condicionantes continuarán impactando durante el año 2022”, avisa el “Informe de avance: proyecciones macroeconómicas y fiscales 2022”.
Para el próximo año, de mantenerse el modelo fiscal actual, el gasto público se estima en 1.06 billones de pesos, equivalentes a 18.9 % del PIB, mientras que los ingresos se calculan en 815,596 millones de pesos, un 14.5 % del PIB.
Los mecanismos que utilizará el Gobierno para lograr esos niveles de ingresos se centrarán, según explicó Vicente en la misiva, en la aplicación de medidas recaudatorias derivadas de una reforma fiscal, así como de acciones para reducir los niveles de defraudación fiscal y persistencia de los esquemas evasivos y elusivos.
En materia de impuestos, el informe remitido al Congreso indica que el Gobierno todavía evalúa opciones para aplicar impuestos que graven por igual a las empresas locales, como aquellas que “brindan servicios desde el exterior a través de las plataformas digitales”.
En octubre del año pasado la propuesta de un impuesto a los servicios digitales, junto a otras medidas tributarias como gravar la regalía pascual, causó gran polémica y airadas críticas que llevaron al presidente Luis Abinader a presentar una adenda al proyecto presupuestario que ya se había depositado ante el Congreso.Presiones por compromisos
La misiva enviada por el Ejecutivo al Congreso indica que la formulación presupuestaria estará impactada no solo por la incertidumbre, sino por el peso de “los compromisos asumidos por el Estado durante el 2021, referentes a incrementos salariales, de pensiones y nuevas contrataciones principalmente de médicos, policías y militares, y a la continuación de programas de asistencia social como ‘Supérate’”, indica el documento.
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