POR JULIO MARTINEZ POZO.- El relato de la supuesta escogencia de una procuradora independiente, como principal virtud de la administración gubernamental del presidente Abinader, o se narra completo o está sesgado.
¿Quién no sabe que esa honorable servidora judicial aspiró a culminar su carrera pública como jueza de la Suprema Corte de Justicia, cuya sala penal presidió del 2011 al 2019, y que esos planes fueron tronchados en un Consejo Nacional de la Magistratura en la que el presidente Danilo Medina tenía una influencia determinante?
¿Quién no sabe que, en vez de limitarse a no escogerla, lo que no es ofensivo entre muchos otros con iguales méritos para merecerlo, fue objeto de una andanada descalificatoria como nunca la había enfrentado en su vida pública?
Es humana y por menos rencores que albergue tenía cuentas que reclamar al PLD y al entorno del presidente Medina, y por eso, más que por una trayectoria que nadie discute, era la procuradora ideal para perseguir y humillar a la administración desalojada del poder.
Que en algunos casos se haya inhibido no es si siquiera mejor para la suerte de los investigados, porque ella tiene una historia de apego a la juricidad que puede anteponerse a sus sentimientos, pero cuando mira para otro lado, no hace otra cosa de dejar las riendas sueltas a la venganza y la búsqueda de aplausos muy circunstanciales y efímeros.
Los que concibieron eliminar al prócer Pepillo Salcedo sin marcharse directamente con su sangre sugirieron al analfabeta Gaspar Polanco, que pusiera su suerte en las manos imparciales de Gregorio Luperón, que tenía cuentas que ajustar con él, pero el líder azul se percató y evadió cargar con esa muerte llevando a Salcedo a Haití, donde no lo aceptaron como expatriado y hubo que regresarlo a territorio nacional, donde Ulises Heureaux y otros incurrieron en el primer magnicidio de la historia dominicana.
¿Alguien duda que, si el principal constructor de la nueva Victoria hubiese sido del entorno de Danilo Medina, no tuviese en las costillas una pena anticipada de dieciocho meses de coerción?
¿Alguien duda que, si en la administración del presidente Medina se hubiesen pagado más de cien millones de pesos a un grupo de artistas, varios de ellos funcionarios del gobierno, pasándosele por encima a todas las regulaciones, los presuntos responsables no tuvieran perseguidos?
En su alocución reciente el presidente Abinader volvió sobre lo mismo, tal vez porque sabe muchos no se tragan esa idea, y a ligar temas que se han resuelto en consenso como el del nuevo Tribunal Superior Electoral, con el de la escogencia de la Junta Central Electoral, que, desde la elección de Morel Cerda, no se había materializado de manera unilateral, sólo con el concurso de aliados.
O la elección del Defensor del Pueblo, que hubo de hacerse la mejor escogencia, con el de la Cámara de Cuentas donde se apeló a una “independencia” controlada, con un presidente que no hace distinción entre el rol de la institución que dirige y las que ha de auditar.
Otro tema que parece va haciendo mella es el del endeudamiento, que trató de justificar diciendo que ha sido para combatir la pandemia y para pagar deudas del pasado, pero de 8,200 millones de dólares tomados desde el gobierno central y un gasto de 1,537 en salud hay mucha distancia.
Y deudas del pasado las ha pagado todo el que ha gobernado, pero no se suman al cálculo neto.
