POR CRISTHIAN JIMENEZ.- La trampa siempre ha estado al contar los votos y pese a que tendremos en agosto una estrategia nacional de inteligencia artificial, de toda la información que fluyó con la controversial presentación del robot humanoide, Sophia y anuncios de proyectos con esa tecnología para niños, en las elecciones del año próximo volveremos a manosear papeles con cientos de rostros.
La culpa es de los fulleros que interrumpen conteos, aunque tengan que apagar el país y que apelan a todo tipo de engañifas, sin importar que resulten estafados los del mismo partido.
La Junta Central Electoral, fruto de aquellas frustraciones y del dominante uso del dinero en los procesos ha tratado de mejorar y modernizar los sistemas de escrutinios, pero los malos perdedores colocan sus banderillas temprano.
Los partidos prefieren, insisto, las zonas grises, en las regulaciones y en los sistemas de contar los votos depositados.
Muchos políticos alababan el uso de tecnologías, como voto electrónico en otros países, verbigracia los ejemplares procesos en Brasil con más de 100 millones de votos contados en varias horas.
Los avances fueron sistemáticamente dinamitados y en 2016 la JCE pudo llegar a escáneres que en el proceso fueron saboteados, con la consiguiente campaña de descrédito, que hizo suya la nueva directiva del órgano, que se estrelló en las elecciones municipales de febrero del 2020, suspendidas y aplazadas.
Ese equipo que encabezó Julio César Castaños Guzmán intentó la automatización, fallida en el proceso interno que dividió al Partido de la Liberación Dominicana y enterrada ante el récord de suspensión de un proceso de votaciones.
El trauma sufrido silenció el sistema de automatización, y para más inri, el Tribunal Constitucional el 21 de diciembre del 2022 declaró la inconstitucionalidad del voto electrónico.
La JCE emitió una resolución provisional en octubre, abriendo el espacio para las opiniones de los partidos, para volver a contar a mano y luego digitalizar, escanear y transmitir los datos desde los recintos de votación.
En febrero último, el Congreso Nacional aprobó la ley de Régimen Electoral que consignó el escrutinio automatizado y explica la digitalización, el escaneo y la transmisión automática de resultados.
El jueves venció el plazo de consultas y en las posturas de las organizaciones políticas se notan las divergencias de siempre respecto al difícil y fundamental momento de determinar a quiénes pertenecen los votos depositados por los electores. Todos tienen sus “periquitos”.
Los reformistas prefieren combinar escrutinio manual para niveles de elección presidencial, senatorial, de circunscripciones con solo dos diputados, alcaldes y directores municipales y automatizados para provincias con más de dos diputados y en los casos de regidores y vocales.!Uff!
Los peledeistas, que aceptaron que las inculpaciones de manipulación de la automatización en el proceso interno y en las frustradas elecciones municipales de febrero les hizo daño electoral, tienen reparos que los coloca en el camino del sistema rechazado.
Alertan de vulnerabilidades que afectarían la transparencia, como equivocaciones en la asignación de votos a los partidos y candidatos. Sugieren que el escáner, sin abandonar lo manual, también cuente y digitalice las boletas.
El partido de gobierno, PRM, reclama una auditoría forense a los equipos por una empresa extranjera con participación de la OEA y el IFES y una relación de votación de contingencia de documentos físicos.
La Fuerza del Pueblo suscribe con PRM el acta provisional en cada mesa con el resultado, sellada y firmada por los miembros del colegio y los delegados partidarios. Además, solicita un escáner por cada colegio electoral para evitar que colegiados y representantes de partido salgan de las aulas.
Hay sugerencias importantes para cuidar el proceso, pero tradicionalmente constituyen páginas para el expediente…de pataleo.
