POR NARCISO ISA CONDE.- Término muy usado en estos tiempos de casos judiciables. Aplicable a 15 titulaciones ilegales correspondientes a terrenos ubicados en el Paisaje Protegido de Playa Cabo Rojo, y a la consiguiente apropiación privada y ocupación de 14 millones de m2 de las parcelas 40-4 y 40-l4, correspondiente a una porción del área protegida de Pedernales, valorada en 27 mil millones de pesos.
Ese monto totaliza 8 mil millones de pesos más que la estafa revelada por Operación Calamar. Un regalito de la Jurisdicción Inmobiliaria a la empresa Ocean Investment, representada por Salvador Catrain y por Elías Hernández Barreras, ciudadano español.
Llama la atención que se trata de parte de los terrenos envueltos en el intento de estafa correspondiente al escándalo Bahía de las Águilas, devueltos al Estado por sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Con razón se afirma que los mismos jorocones están detrás de este nuevo intento, después de haber fracasado en el anterior de los 6 millones de m2.
Evidentes delitos: apropiación privada de un área inalienable, titulaciones falsas, pisoteo a una sentencia de la SCJ, violación a la ley de áreas protegidas y a la Constitución. Los agraciados alegan que firmaron un acuerdo con la Dirección General de Áreas Protegidas, en la que esta entidad los reconoce como “propietarios legítimos”. ¡Que se defienda Sigmund de esa ganzúa!
Por su parte, la Coalición en Defensa de Áreas Protegidas devela la existencia de un Informe del Ministerio de Medio Ambiente en el que se reconoce que esos terrenos fueron cercados por sus ocupantes privados y ha habido remoción de tierras para construir un proyecto turístico. Otra modalidad de privatizar regalando lo público, además de las APP y los Fideicomisos.
Se acepta que son tierras privadas, siendo públicas, intransferibles e inalienable; y se autoriza construir hotel donde está prohibido; mientras el ministro afirma que allí solo se hará “lo que es legal”, en un contexto donde todo ha sido ilegal e inconstitucional, sin que faltaran advertencias previas, incluidas las del prestigioso Grupo Jaragua.
Una reacción similar escenificó ese alto funcionario a raíz del desastre ecológico provocado por el muro fronterizo, afirmando que los daños se repararán, cuando él debe saber que en gran parte son irreparables, y todavía no hay culpables.
En ambos casos, fotografías, filmaciones, pruebas y datos aportados por el movimiento ambiental, no dejan dudas del crimen contra los manglares, el agua y la diversidad de especies que anidan y protegen. Esto indigna, y agrega indignación, la soez y vil campaña contra dignos defensores de nuestro patrimonio natural ¡Nuevas bocinas!
