El presidente Luis Abinader anuló este viernes mediante decreto los permisos otorgados en el gobierno pasado al Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), poniendo así fin al proyecto cuya lesividad al interés nacional fue ratificada por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia este diciembre.
Abinader dejó sin efecto el decreto 270-20 de julio de 2020, emitido a tan solo 23 días del traspaso de mando a favor del empresario Abraham Hazoury y del Grupo Abrisa. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia dictaminó que el Poder Ejecutivo incurrió en un exceso al emitir ese decreto.
Entre los considerandos del decreto 2-24 dado a conocer al caer la tarde de hoy se cita precisamente la decisión de la Suprema consistente en un rechazo a unanimidad del recurso del AIB que buscaba invalidar la declaración que lo calificaba de lesivo al interés nacional, emitida por el Instituto de Aviación Civil (IDAC) y que, de paso, desestimó el proyecto tal como fue concebido y aprobado originalmente.
Se hace hincapié en que el proyecto debió ser licitado y no otorgado grado a grado por el Poder Ejecutivo.
También, que en octubre de 2021 a través de la sentencia 0030-03-2021-SSEN-00434, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) calificó de lesivo para el interés general el permiso que otorgó el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) el 11 de agosto del 2020 para la construcción de ese aeropuerto, y por vía de consecuencia revocó la autorización para el inicio de la obra.
De igual manera, que en octubre de 2020 el propio Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) declaró como lesivo al interés público el AIB aduciendo que su aprobación violó «los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente lo cual justifica su nulidad» y ordenó la suspensión de la construcción del mismo.
A esto también se suma la resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 12 de septiembre de 2022, que anuló la licencia ambiental que favorecía esa obra, corrigiendo así las irregularidades que se cometieron a finales del Gobierno pasado, con lo cual se reafirma el fortalecimiento de las instituciones y de la seguridad jurídica en la República Dominicana.
