SANTO DOMINGO.- Autoridades ejecutaron un desalojo en los inmuebles ubicados en la esquina de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, ubicada en el sector Miraflores, mejor conocida como “Teleoferta”, en cumplimiento de resoluciones legales emitidas tras un prolongado proceso judicial.
Según la documentación oficial, el empresario Rafael Eduardo Selman Hasbún adquirió los terrenos en 1982 mediante contrato de compraventa suscrito con Milagros Manzueta, Nabih Antún Yeara Scandar, José Antún Yeara Scandar, De Miguel Yeara Nasser, Dajher N. Yeara Nasser, María Yeara de Hane, Rosalía Yeara viuda Yeara, Yeni Yeara Yeara, Maritza A. Yeara Yeara de Rodríguez y Nabiha Yeara Scandar de Evangelista.
Esta adquisición fue posteriormente homologada por el Tribunal Superior de Tierras en 2006.
Desde 2004, el inmueble fue objeto de ocupaciones por parte de terceros sin título registrado, lo que dio lugar a múltiples procesos judiciales en distintas jurisdicciones.
Claves del proceso
La propiedad fue reconocida por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original. El Tribunal Superior de Tierras confirmó la decisión en apelación.
La Suprema Corte de Justicia ratificó la titularidad, consolidando la cosa juzgada.
Recursos administrativos y contenciosos posteriores fueron rechazados por la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior Administrativo y nuevamente por la Suprema Corte de Justicia.
Ninguna instancia reconoció derechos a los ocupantes.
Ante la persistencia de la ocupación, el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria autorizó el uso de la fuerza pública mediante la Resolución Número 596, de fecha 25 de septiembre de 2025, posteriormente reiterada para su ejecución.
Las autoridades notificaron previamente a los ocupantes y establecieron los plazos correspondientes conforme a la ley. El procedimiento se realizó con acompañamiento institucional y bajo protocolos establecidos, con el objetivo de restablecer el orden legal y garantizar el respeto a las personas durante su ejecución.
Declaración de propietario
“Este desalojo no es un acto arbitrario, sino la ejecución de decisiones judiciales firmes durante más de 20 años, que han confirmado de manera definitiva el derecho de propiedad y el respeto a la ley y a los derechos constitucionales quenos asisten”. El propietario también agradeció la actuación de las autoridades en el cumplimiento de las decisiones judiciales.
Contexto de la decisión
El caso se ha extendido por más de dos décadas y ha sido conocido por múltiples instancias del sistema judicial dominicano, convirtiéndose en un ejemplo relevante sobre la aplicación del principio de seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada.
