Las protestas de sectores cívicos y otros gremios en Bolivia contra el Gobierno se han mantenido este miércoles, en la tercera jornada de un paro indefinido, con marchas, bloqueos y cabildos en varias regiones contra una ley considerada contraria a las libertades ciudadanas.
A la demanda inicial de anulación de la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo se adhirieron demandas como el repliegue de los «grupos de choque» del Gobierno, la revisión de leyes observadas y la reposición de los 2/3 de votación en debates del Parlamento.
Las protestas se han centrado principalmente en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y Potosí, en la que hubo un fallecido por causas que se investigan, mientras que en los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Oruro se han relevado a jefes policiales tras incidentes y agresiones en días anteriores.
TENSIONES EN VARIAS REGIONES
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) tras un cabildo declaró «persona no grata» al presidente boliviano, Luis Arce, y al vicepresidente, David Choquehuanca, señalándolos como «racistas y discriminadores» por no atender las demandas de la región.
El Gobierno, por su parte, anunció una «investigación penal» por supuestas dudas en la muerte de un campesino en medio de las protestas por falta de auxilio médico y pese a que la Defensoría del Pueblo señaló que la causa del deceso se produjo por «asfixia mecánica por bronco aspiración».
En Cochabamba gremialistas y transportistas marcharon mientras que en algunos puntos de la ciudad se instalaron bloqueos momentáneos que permitían el paso de patrullas policiales y vehículos oficiales.
«Nos quieren amordazar (con la ley), qué país vamos a dejar a nuestros hijos a nuestros nietos (…) el Gobierno no está haciendo nada», declaró a Efe Alicia, quien pertenece al sector del transporte.
En Santa Cruz, la mayor región del país y principal bastión de la oposición, el paro ha sido acatado con mayor rigor y en la jornada de hoy se abrió un espacio para que las familias pudieran abastecerse de alimentos para retomar luego las movilizaciones.
En tanto que el alcalde de la ciudad cruceña, el oficialista Jhonny Fernández, se presentó ante la Fiscalía para solicitar formalmente su intervención «para evitar los excesos de la Policía».
Mientras que el alcalde de La Paz, Iván Arias, pidió al presidente Arce que destituya al ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, y a su viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, a quienes señaló de no haber actuado frente a las agresiones que se han producido estos días.
La Policía efectuó el relevo de los comandantes departamentales de Chuquisaca, Tarija y Oruro arguyendo «cambios naturales» a pesar de que en esta última región hubo una represión contra un grupo de periodistas que protestaba por garantías a su trabajo.
PROPUESTA DE LEY
En el Parlamento, las bancadas de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente Carlos Mesa y Creemos del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentaron un proyecto para la anulación de la ley Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.
A esto se suman los pedidos para que el Legislativo consensúe con sectores afectados otras normas polémicas, se restituyan los 2/3 de decisión en los debates y se retire de las calles a los «grupos de choque» del oficialismo en resguardo del derecho a la protesta.
En esa línea, Mesa escribió en Twitter que «Luis Arce ha decidido seguir en el camino de la autocracia, la confrontación y la división» y que «la paz o el enfrentamiento están en sus manos».
Por contra, los sectores sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) han reiterado su «estado de emergencia» y que en Bolivia se gesta un «segundo golpe de Estado» en referencia a los sucesos durante la crisis de 2019.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su preocupación por «por la creciente violencia» durante las protestas y llamó «a la calma y al respeto de los derechos a la libre circulación, reunión pacífica y asociación».
EFE
