POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Un oficial militar se paró frente a un juez y confesó que formaba parte de un entramado corrupto y alegó que le habían amenazado en presencia de un mayor general para alterar documentos que serían usados como pruebas por el ministerio público.
El magistrado asumió la versión de quien pasó a colaborar con los investigadores y dispuso medidas de protección del mayor Raúl Girón Jiménez y del proceso denominado Operación Coral, que ubica al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres Silvestre, como principal cabecilla.
Cáceres Silvestre ha rechazado la acusación de la distracción de más de 3 mil millones de pesos y se ha quejado de las condiciones de su encierro en Najayo desde mayo último. Alega que se le trata como a un peligroso terrorista, mientras Procuraduría refiere que es de alta notoriedad y que su tratamiento es igual al de otros internos.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa visitó al militar en su celda para escuchar sus quejas, y prometió ponderar y canalizar sus peticiones. Intercambió con numerosos internos en un recorrido de unas 3 horas.
El militar alega inocencia, ámbito fuera del alcance de Ulloa, y en su pabellón hay otros internos de su caso y de otros procesos, evidencia de que no hay trato discriminatorio en lo referente a la ubicación.
Empero, las condiciones son duras para un preso preventivo que se presume constitucionalmente inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Dos horas para salir a un pasillo y un limitado patio y volver al enclaustramiento en una celda pequeña, con un pequeño sanitario-lavamanos de aluminio y una estrecha zona para baño, dos camitas con un fino colchón y una mesa para la colocación de los libros, junto a dos sillas plásticas. Puerta sellada, con un pequeño rectángulo a la altura de la cara para comunicación con el exterior. (Sí, como en las películas).
Cáceres entiende que ese encierro prolongado en tan limitado espacio afecta sicológica y emocionalmente a los seres humanos y plantea la necesidad de ejercitarse y otras actividades de distracción.
Además, se queja de que hay personas que merodean, alegadamente para escuchar, cuando recibe a sus abogados y que se descuenta de su hora de consulta, el tiempo de trámite de acceso hasta la zona de los encuentros.
Patricia Lagombra, directora del Nuevo Sistema Penitenciario es insistente en que no habrá tratos discriminatorios y garantiza los derechos de los internos con apego a las normas internacionales.
El esquema de regulación en la zona r afecta emocionalmente a los internos, según testimonio de presos de otros procesos “marinos”, que pasaron meses en el lugar y que fueron trasladados a otras áreas.
Difícil situación entre los derechos que reclama un interno y la inédita condición de éste, un mayor general en activo, recién salido de una de las posiciones más influyentes de seguridad. Los militares que sirven en Najayo tienen rangos inferiores y están obligados a hacerle el saludo.
Claro, verificada una violación de derecho, este elemento debe prevalecer por encima de la enorme responsabilidad de las autoridades de proteger a un mayor general y de evitar influencias en el proceso y el riesgo para un oficial militar que testimonió riesgo de su vida.
En otra zona, se recibieron quejas de Luis Dicent, Francisco Pagán, Fernando Rosa y del “interno Rodríguez” (Jean Alain), entre otros, fundamentalmente referidas al fondo del proceso.
No ingresé a celda de Jean Alain, por prudencia, ante mis duras críticas en su contra. Luego acudió a un área común a saludarme y hasta me prometió una entrevista… “cuando recobre mi libertad”.
