Adán Cáceres y derechos de presos

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POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Un oficial mi­litar se paró frente a un juez y con­fesó que for­maba parte de un entrama­do corrupto y alegó que le habían amenazado en pre­sencia de un mayor gene­ral para alterar documen­tos que serían usados como pruebas por el ministerio público.

El magistrado asumió la versión de quien pasó a co­laborar con los investiga­dores y dispuso medidas de protección del mayor Raúl Girón Jiménez y del proceso denominado Ope­ración Coral, que ubica al exjefe del Cuerpo de Segu­ridad Presidencial, Adán Cáceres Silvestre, como principal cabecilla.

Cáceres Silvestre ha re­chazado la acusación de la distracción de más de 3 mil millones de pesos y se ha quejado de las con­diciones de su encierro en Najayo desde mayo últi­mo. Alega que se le trata como a un peligroso terro­rista, mientras Procuradu­ría refiere que es de alta notoriedad y que su trata­miento es igual al de otros internos.

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa visitó al mili­tar en su celda para escu­char sus quejas, y prome­tió ponderar y canalizar sus peticiones. Intercam­bió con numerosos inter­nos en un recorrido de unas 3 horas.

El militar alega inocen­cia, ámbito fuera del alcan­ce de Ulloa, y en su pabe­llón hay otros internos de su caso y de otros procesos, evidencia de que no hay trato discriminatorio en lo referente a la ubicación.

Empero, las condicio­nes son duras para un pre­so preventivo que se pre­sume constitucionalmente inocente hasta que se de­muestre lo contrario.

Dos horas para salir a un pasillo y un limitado patio y volver al enclaus­tramiento en una celda pequeña, con un peque­ño sanitario-lavamanos de aluminio y una estrecha zona para baño, dos cami­tas con un fino colchón y una mesa para la coloca­ción de los libros, junto a dos sillas plásticas. Puerta sellada, con un pequeño rectángulo a la altura de la cara para comunicación con el exterior. (Sí, como en las películas).

Cáceres entiende que ese encierro prolongado en tan limitado espacio afecta sicológica y emo­cionalmente a los seres humanos y plantea la ne­cesidad de ejercitarse y otras actividades de dis­tracción.

Además, se queja de que hay personas que me­rodean, alegadamente pa­ra escuchar, cuando reci­be a sus abogados y que se descuenta de su hora de consulta, el tiempo de trá­mite de acceso hasta la zo­na de los encuentros.

Patricia Lagombra, di­rectora del Nuevo Sistema Penitenciario es insistente en que no habrá tratos dis­criminatorios y garantiza los derechos de los inter­nos con apego a las nor­mas internacionales.

El esquema de regu­lación en la zona r afecta emocionalmente a los in­ternos, según testimonio de presos de otros pro­cesos “marinos”, que pa­saron meses en el lugar y que fueron trasladados a otras áreas.

Difícil situación entre los derechos que recla­ma un interno y la inédi­ta condición de éste, un mayor general en activo, recién salido de una de las posiciones más influ­yentes de seguridad. Los militares que sirven en Najayo tienen rangos in­feriores y están obligados a hacerle el saludo.

Claro, verificada una violación de derecho, es­te elemento debe preva­lecer por encima de la enorme responsabilidad de las autoridades de proteger a un mayor ge­neral y de evitar influen­cias en el proceso y el riesgo para un oficial mi­litar que testimonió ries­go de su vida.

En otra zona, se reci­bieron quejas de Luis Di­cent, Francisco Pagán, Fer­nando Rosa y del “interno Rodríguez” (Jean Alain), entre otros, fundamental­mente referidas al fondo del proceso.

No ingresé a celda de Jean Alain, por prudencia, ante mis duras críticas en su contra. Luego acudió a un área común a saludar­me y hasta me prometió una entrevista… “cuando recobre mi libertad”.

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Redacción

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