SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), a través de su Consultoría Jurídica, ha desplegado un acompañamiento legal permanente en favor del docente Naony Anderson Solano, quien fue víctima de una agresión por parte de estudiantes en el Liceo Juan Pablo Duarte, en Villa Consuelo.
En una acción conjunta con la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, el gremio encabezó las gestiones ante el tribunal correspondiente para exigir una sanción ejemplar.
Durante la audiencia de medidas de coerción, la jueza dispuso el aplazamiento del proceso para el próximo jueves 26 de febrero a las 10:00 a.m., acogiendo una solicitud de la defensa.la defensa del magisterio.
La ADP presentó una querella formal con las pruebas necesarias para establecer responsabilidades penales por este acto de violencia. El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, condenó enérgicamente el incidente:
“No podemos permitir que la violencia se imponga en nuestras escuelas. Exigimos medidas firmes para garantizar la seguridad y el respeto hacia nuestros docentes”, afirmó Hidalgo, instando al Ministerio de Educación a reforzar los protocolos de convivencia escolar.
Por su parte, la seccional Distrito Nacional Norte, liderada por José Luis García Brito, reafirmó su compromiso de escoltar al profesor Solano en cada etapa del proceso judicial para asegurar que se proteja su integridad física y moral conforme a la ley.
El profesor Menegildo de la Rosa, presidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte y secretario de Comunicaciones de la ADP, manifestó su profunda preocupación por el incremento de agresiones contra educadores en diversos centros del país.
Según el dirigente magisterial, esta crisis evidencia un deterioro crítico de la convivencia escolar y una alarmante falta de respaldo institucional hacia el magisterio.
De la Rosa fue enfático al cuestionar la Ordenanza 5-2023 del Ministerio de Educación (MINERD), señalando que el lema “Ni palabras que hieren ni golpes que duelen” ha dejado a los docentes sin herramientas disciplinarias.
El dirigente de la ADP, afirmó que la normativa prioriza los derechos estudiantiles, pero omite los deberes y la protección del profesorado.
