SAN FRANCISCO DE MACORIS.- La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) formalizó su demanda contra los propietarios o responsables de fincas y sembradíos ubicados en los alrededores del Centro Educativo Emilio Prud´Homme (Bandera, Cenoví) del municipio de San Francisco de Macorís.
El sometimiento judicial está motivado en el hecho de que dos maestras se intoxicaron producto de la fumigación ilegal realizada en las inmediaciones del referido centro, durante el horario regular de las clases, sin adoptar medidas de prevención, control ni notificación previa a la comunidad educativa.
Ambas maestras se encontraban laborando de manera habitual en el centro educativo que les corresponde, y que, como consecuencia de fumigaciones realizadas de forma ilegal en las inmediaciones del referido plantel, resultaron afectadas en su salud, por lo que requirieron atenciones médicas de emergencia.
Una de las maestras aún permanece ingresada en el Centro Médico Nacional San Francisco, recibiendo atenciones médicas.
Según el diagnóstico médico, las afectadas presentaron bronquitis y neumonitis por inhalación de gases, humo y sustancias químicas, acompañadas de crisis de broncoespasmo e intoxicación, condición por la cual han requerido atención médica especializada.
El gremio formalizó su querella en acción pública ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, motivada en el hecho de que los propietarios de fincas han incurrido en violaciones a las normas vigentes, donde se muestra en varios videos recogidos en el lugar de los hechos las fumigaciones en horario no permitido.
“La situación descrita evidencia una violación grave y directa al ordenamiento jurídico dominicano, toda vez que las fumigaciones realizadas en las inmediaciones del centro educativo donde laboraban docentes se efectuaron al margen de la legalidad vigente, incumpliendo de manera manifiesta las disposiciones establecidas en la Resolución No. RES-MARD-2023-38 del Ministerio de Agricultura, la cual regula de forma estricta la aplicación terrestre de plaguicidas, especialmente en zonas cercanas a centros escolares”, señala la querella sometida por la ADP.
Argumenta la acusación que dicha resolución impone obligaciones claras de notificación previa, restricción de horarios, uso de productos autorizados y adopción de medidas de protección de la salud humana, obligaciones que, al no ser observadas, generaron un riesgo concreto y real que se materializó en un daño efectivo a la salud de la referida docente, hoy ingresada en un centro médico.
Asimismo, indica que la actuación descrita vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República Dominicana, particularmente el derecho a la salud, a la integridad personal y a un medio ambiente sano, así como el deber reforzado del Estado y de los particulares de proteger a la comunidad educativa, reconocida como grupo especialmente vulnerable.
