La Cámara Nacional del Trabajo de Argentina (CNT) ha aprobado una medida cautelar para suspender parte del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el plan de choque neoliberal impulsado por el presidente Javier Milei y con el que persigue dar un vuelco a la situación económica del país sudamericano.
Así, la Justicia laboral ha tumbado temporalmente «hasta que recaiga sentencia definitiva» el Título IV del DNU, que dicta medidas en el ámbito del empleo. La CNT ha adoptado esta medida cautelar tras aceptar a trámite las reclamaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT), recoge la agencia Télam.
Uno de los aspectos del DNU más cuestionados por el sindicato es precisamente el artículo que apunta a la ampliación del periodo de prueba hasta los ocho meses, la incorporación de los bloqueos o toma de instalaciones como causa de despido, así como los cambios previstos en el sistema de indemnizaciones.
De hecho, la CGT ha celebrado más tarde que el fallo de la Justicia laboral, si bien ha incidido en que tanto «el movimiento obrero», como los propios trabajadores, «no serán vencidos en tanto y en cuanto permanezcan unidos».
«Con organización, unidad y compromiso, la CGT logró frenar el intento de reforma laboral propuesto por ese DNU. No nos vencerán mientras permanezcamos unidos», ha manifestado el secretario general del sindicato, Héctor Daer, en su perfil oficial de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.
EL GOBIERNO RECURRIRÁ LA SUSPENSIÓN
Por su parte, el Ejecutivo ha emitido más tarde un comunicado en el que ha confirmado que la Procuración del Tesoro de la Nación apelará la medida cautelar de la Cámara del Trabajo» y pedirá también «la incompetencia de ese fuero».
«El fallo contradice todos los fallos dictados hasta ahora en el país», ha reprochado el Gobierno de Milei, que además considera que la decisión de la Justicia «desoye el criterio que adoptaron otros tribunales del país».
El gran decreto impulsado por Milei incluye unas 300 leyes y con él se busca desregular la economía, aplicar un estado de emergencia pública y económica hasta el 31 de diciembre de 2025, modificar el mercado laboral y los planes de salud, derogar la ley de alquileres y privatizar de empresas públicas, entre otras medidas.
EUROPA PRESS
