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Colombia abre indagación a expresidente Uribe por espionaje

La Corte Suprema de Justicia colombiana anunció la noche del martes que abrió una indagación preliminar contra el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe por presuntos espionajes —o perfilamientos— ilegales, al parecer con ayuda de un grupo de la red de inteligencia del ejército, contra unas 130 personas entre periodistas, políticos, abogados y defensores de derechos humanos.

La Corte escribió en Twitter que Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, podría ser el “posible destinatario de la información de seguimientos ilegales de inteligencia militar en 2019”. La indagación preliminar se ordenó con el fin de esclarecer si en este caso hay un delito y si, en efecto, quien recibía la información era Uribe.

A la defensa del expresidente se le comunicó de este caso desde el 15 de mayo, se informó.

Tras esta investigación preliminar —que significa que aún no hay un proceso oficial contra Uribe– la ley señala que hay un término de 18 meses para tomar una decisión de fondo y definir si se abre una investigación en firme contra el expresidente y ahora senador por el Centro Democrático.

El pasado 2 de mayo, el presidente Iván Duque aseguró que no toleraría que integrantes de las fuerzas militares deshonren la ley ni realicen prácticas contrarias a ésta. La declaración de Duque fue una reacción a un artículo de la revista colombiana Semana que denunciaba presuntas interceptaciones ilegales —encabezadas por un grupo de inteligencia del ejército— a las comunicaciones de 130 personas, entre periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones no gubernamentales.

La Procuraduría General de Colombia llamó hace doce días a trece oficiales del ejército a juicio disciplinario por la presunta recolección ilegal de información de carácter “íntimo de ciudadanos nacionales y extranjeros”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se refirió al asunto en un comunicado el 1 de mayo y dijo que tras darse a conocer la información se decidió apartar del cargo y retirar del servicio activo a 13 oficiales y a un brigadier general. No dio a conocer las identidades. Aunque la información de Semana se publicó en abril, trascendió que desde enero el procurador Fernando Carrillo Flórez ordenó el inicio de una indagación para esclarecer los hechos.

AP

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