SANTO DOMINGO.- La comisión oficial que investigó un contrato firmado entre el Instituto Postal Dominicano (Inposdom) y la empresa de mensajería Mia Cargo, concluyó este lunes que el mismo es irregular, por lo que recomendó su suspensión, así como la del director de la institución, Adán Peguero.
Precisamente este lunes, Peguero pidió al presidente Luis Abinader una licencia por tres meses mientras se investiga el caso.
EL PROCESO
La investigación estuvo a cargo de la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de República, conjuntamente con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, quienes entregaron un informe a Abinader sobre este particular.
De acuerdo con las conclusiones, dada a conocer por Contrataciones Públicas en una nota, «la firma del primer acuerdo bajo este tipo de modalidad ilegal es de fecha 13 de noviembre del año 2008, entre el señor Modesto Guzmán, en representación del Inposdom, y la empresa Inversiones Tahití, S.A, que posteriormente devino en el acuerdo con la razón social Mia Cargo Group».
Peguero continuó el contrato a su llegada al cargo en agosto del año pasado, «agregándole nuevos actores», así como «nuevas violaciones al debido proceso legal», agregó el comunicado.
La comisión, que también recomendó auditar el correo desde 2008, comprobó, que el convenio, además de contener vicios de forma, ya que fue elaborado y notariado en un país distinto al que se encuentra el contratante y beneficiario principal del servicio, no fue debidamente apostillado.
También contiene «vicios de fondo, inobservados por la máxima autoridad del Inposdom».
La investigación inició tras un reportaje en el programa de investigación de la periodista Nuria Piera, en el que se denunció irregularidades en el citado acuerdo.
IRREGULARIDADES HABRIAN COMENZADO CON MODESTO GUZMAN
De acuerdo con el informe elaborado por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de República, las irregularidades en el Instituto Postal Dominicano (Inposdom) se iniciaron durante la gestión anterior del reformista Modesto Guzmán.
En el informe de las instituciones que hicieron la investigación. se identificó que la firma del primer acuerdo con modalidad ilegal es de fecha 13 de noviembre del año 2008, entre el señor Modesto Guzmán, en representación del Inposdom, y la empresa Inversiones Tahití, S.A, que posteriormente devino en el acuerdo con la razón social Mía Cargo Group.
Esta alianza, según la DGCP, entre Mía Cargo Group e Inversiones Tahití pasó a «tercerizar» la especie del “acuerdo de exclusividad” que había suscrito con Inposdom durante la gestión de Guzmán, lo que propició que a la llegada de la nueva gestión, encabezada por Adán Alberto Peguero de León, se excluyera a Inversiones Tahití. El documentos entonces fue firmado directamente con la anterior subcontratista, o tercero en la relación, agregándole nuevos actores, como es el caso del señor Jesús Solé, lo que implicó nuevas violaciones al debido proceso legal, señala.
Sostiene que la pesquisa permite establecer que dicho proceso de contratación se realizó al margen de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones y que tampoco se trata de un procedimiento de alianza público-privada.
Agrega que se obtuvo el documento de fecha 6 de septiembre de 2017, emitido por la DGCP, “el cual contiene la opinión emitida a solicitud del exdirector del Inposdom, Modesto Guzmán, en el que el órgano rector le señaló varias irregularidades”, entre las que figuran, la selección en la que había incurrido la institución, al no haber realizado el proceso de selección establecido por la Ley 340-06, de lo que se desprende que ya existía un precedente sentado por el órgano competente respecto al tema.
“En cuanto a la violación de la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación 543-12, se comprobó que el contrato además de contener vicios de forma, toda vez que el mismo había sido elaborado y notariado en un país distinto al país en donde se encuentra el contratante y beneficiario principal del servicio, no fue debidamente apostillado, así como también vicios de fondo, inobservados por la máxima autoridad del Inposdom”, indicó la DGCP.
Afirma que certificó en fecha 08 de noviembre del 2021, que no figura registrado en el Portal Transaccional ningún proceso de selección de proveedores, en ninguna de las modalidades del Sistema Nacional de Compras Públicas realizado por la unidad de compras del Inpostdom asociado a alguna contratación con la empresa Mía Cargo.
Indica que tanto Adán Peguero, como el consultor jurídico de Inposdom, Joaquín Félix Santana, “han dado continuidad a una mala práctica institucional, violatoria a la Ley 340-06”.
Las entidades plantean que el hecho de que la máxima autoridad del Inposdom no procurara agotar el debido procedimiento de ley para la contratación del servicio hizo que el Estado suscribiera un acuerdo con una empresa que, según la consulta practicada a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), no registra empleadores ni empleados, lo que permite establecer que la entidad contratante no validó su idoneidad para desempeñar la logística que amerita el trabajo a realizar, ni su legalidad.
