POR VINICIO CASTILLO SEMAN.- El presidente Luis Abinader designó un nuevo director de la Policía Nacional que ejercerá esta jefatura bajo el cargo de Director General, conforme a la última modificación que se hizo de su Ley Orgánica.
La decisión presidencial nombrando al general Eduardo Then ha sido correcta y oportuna. Llega en momentos cuando la moral de trabajo del cuerpo del orden estaba en el piso, con una imagen muy deteriorada ante la sociedad.
Lo más importante de esta designación es que la Policía Nacional, cuerpo armado de casi 50 mil hombres, necesitaba un liderazgo; un oficial con don de mando que lo inspirara. Una dirección que enviará a todos los mandos superiores e inferiores una señal de disciplina a lo interno, al tiempo de enviar una poderosa señal a la creciente y desafiante comunidad delincuencial, que afecta grandemente la seguridad pública de los ciudadanos de bien de esta nación.
El nuevo director de la Policía tiene un gran reto: sacar las manzanas podridas que han dañado la imagen de la institución del orden y elevar la moral de trabajo del cuerpo armado. Para eso necesitará recursos para su profesionalización y tecnificación, que estoy seguro contará con la decisión del presidente Abinader y del ministro de Interior y Policía, nuestro amigo Chu Vásquez. Pero acompañando la reforma policial de la mano del nuevo director de la PN, es indispensable trabajar en la respuesta judicial frente a la delincuencia común. Quiero en este artículo reiterar la propuesta de crear un cuerpo de abogados de oficio que pueda, gratuitamente, defender las víctimas de atracos y robos violentos que sufren los ciudadanos pobres de la nación. He repetido hasta el cansancio que con el nuevo Código Procesal Penal las víctimas están desprotegidas. La mayoría de las víctimas ni siquiera van a poner querellas cuando son objeto de robos violentos o atracos. No tienen cómo darle seguimiento a casos penales. Y los fiscales, en ausencia de seguimiento judicial, archivan la mayoría de estos casos. El delincuente defendido celosamente por abogados del Estado sale con gran facilidad. Obtiene libertad con garantía económica y jamás vuelve a juicio. Eso explica por qué el 80% de los casos de delincuencia común lo cometen reincidentes, con múltiples casos similares abiertos.
El trabajo efectivo de la Policía Nacional de resolver con prontitud los casos criminales tiene que tener un seguimiento judicial efectivo también. La respuesta del Estado frente al crimen tiene 3 patas: La Policía, los fiscales y los jueces. Si la Policía funciona y los fiscales y jueces fallan, la seguridad ciudadana queda a merced de la delincuencia. Se esparce la idea de que no hay miedo a delinquir porque, haga lo que se haga, no habrá condenas. Esa creencia explica la alta incidencia delincuencial en RD.
