SANTO DOMINGO.- Un “oasis de corrupción” era lo que había en el Ministerio de Salud Pública durante la gestión del exministro Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez en el período 2012-2014, según el Ministerio Público.
Una conducta “típica, antijurídica y culpable”, caracterizaba al exfuncionario, de acuerdo con la investigación desplegada por los fiscales que comandan la Operación Antipulpo.
El vasto expediente de 3,500 páginas relata el presunto “modus operandi” de Hidalgo Núñez, quien dentro de sus funciones en la cartera de salud pública “beneficiaba” a la señalada cabeza de la red corrupta: Alexis Medina Sánchez.
Quien, según el expediente, utilizaba “de forma clara y sin la mínima reserva” la condición de hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez para “traficar influencias” y “desfalcar al Estado”.
¿Cómo actuó Hidalgo Núñez en este presunto desfalco?
Según los fiscales, el exfuncionario violaba disposiciones legales y reglamentarias para beneficiar a Alexis Medina a través de sus empresas General Medical Solution A.M., S.R.L., y Domedical Supply, S.R.L, supuestas suplidoras autorizadas del Estado.
Las maniobras consistían en distraer altas sumas de dinero en provecho de Alexis Medina y sobrevaluar medicamentos de alto costo.
“Uno de los modus operandi establecidos en el MISPAS por la gestión de Hidalgo Núñez consistió en el reconocimiento de una falsa calidad de distribuidor exclusivo, omitiéndose deliberadamente los registros oficiales que reposan en la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS)”, se lee en el expediente.
El Ministerio Público señala que la DIGEMAPS, a través de una certificación emitida el 26 de mayo de este año, hizo constar que no existen representaciones de medicamentos o laboratorios farmacéuticos, ni registros sanitarios a nombre de las empresas de Alexis Medina.
No obstante, aún sabiendo esto, Salud Pública agotó múltiples procesos de “excepción por exclusividad” a favor de estas compañías.
“Lo que evidencia una clara maniobra para favorecer a las empresas del acusado Juan Alexis Medina Sánchez, en favor de quien el Ministro usó su función para favorecerlo en perjuicio del patrimonio público”, continúa.
Según los fiscales, las actuaciones de Hidalgo Núñez crearon un riesgo para la nación, al momento de violentar la Ley General de Salud y su Reglamento de Aplicación en cuanto a los requisitos y condiciones reglamentarias para la comercialización o distribución de medicamentos.
“El acusado Freddy Hidalgo privilegió estos negocios ilícitos ante su obligación de proteger la salud del pueblo dominicano como parte fundamental de sus funciones”, recalcan.
Empresas no reguladas ni acreditadas
En el expediente el Ministerio Público subraya en múltiples ocasiones las “carencias” visibles de las empresas General Medical Solution A.M., S.R.L., y Domedical Supply, S.R.L.
Sus averiguaciones arrojaron que estas carecían de medios para cumplir con los requerimientos de seguridad mínimas, entre estos la garantía de cadena de frío para mantener la calidad de los medicamentos.
“Ya que el MISPAS compraba a una empresa no regulada, era inexequible a la compañía General Medical Solution A.M., S.R.L., las obligaciones desprendidas de la declaración concerniente a la política de transporte”, se destaca. Estas empresas tampoco estaban “acreditadas, habilitadas o registradas” para proveer ningún tipo de medicamento. Esto porque según los sujetos interrogados “no habían cumplido con las condiciones y requerimientos reglamentarios”, entre ellos la garantía de legalidad y autorización de una especialidad farmacéutica.
Por tanto, al adquirir estos medicamentos de estos intermediarios desconocidos “el MISPAS no podía asegurar a la población el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad”.
La afirmación anterior se apoya en que las empresas General Medical Solution A.M., S.R.L., y Domedical Supply, S.R.L. no formaban parte de la Asociación de representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Inc. (Arapf), ni tenían los derechos originarios o derivados sobre los medicamentos, según la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi).
Ganancias por más de 25 millones
Un caso que el Ministerio Público resalta en sus acusaciones en el de la compra de Octanine F (Factor IX), un medicamento de alto costo cuyo fin principal es coagular la sangre.
El 26 de septiembre de 2014 Hidalgo Núñez autorizó a la Dirección de Compras y Contrataciones para iniciar un proceso administrativo para la compra por “excepción por exclusividad del medicamento”.
La compra iba a favorecer a la empresa General Medical Solution A.M., C. Por A., por ser la “representante exclusiva” de dicho producto en el país. No obstante, esta compañía no forma parte del “Listado de Suplidores 2012” ocupado durante los allanamientos al exministro. “Esto significa que era de conocimiento del acusado Freddy Hidalgo cuáles empresas eran reales proveedores de medicamentos del MISPAS, siendo evidente que a las empresas del Grupo JAMS (General Medical Solution A.M., S.R.L., y Domedical Supply, S.R.L.), se les atribuyó la calidad de distribuidor exclusivo en la gestión 2012-2014 del MISPAS, a pesar de que no la tenían”, se lee en el expediente.
Por lo que según los fiscales hubo una “falsedad ideológica” en dicho proceso de compra. Sólo a esta empresa se le invitó a participar en el procedimiento, debiendo presentar cotización en un solo día por RD$43,000,000 el 25 de septiembre de 2014.
Al día siguiente Hidalgo Núñez puso en marcha el proceso administrativo para la compra. Así, el Estado compró un millón de unidades internacionales de Octanine F (Factor IX) a un suplidor anónimo.
El expediente explica que al tratarse de un “falto distribuidor oficial”, la empresa de Alexis Medina se vio obligada a acudir distribuidor exclusivo, la empresa Dres. Mallén Guerra, S.A.
SEPA MÁS
Cancelación bajo influencia
El Ministerio Público señala que Hidalgo Núñez no sólo realizó maniobras fraudulentas para la compra de medicamentos, sino que también hizo remociones de cargos en la institución por “laceración de intereses”.
Fue el caso de Maritza Altagracia Suriel Viloria, entonces directora del Departamento de Compras y Contrataciones, quien se negó a firmar una orden de compra debido a que la carta de exclusividad era falsa.
Según los fiscales, Suriel Viloria “fue víctima de la influencia y el enorme poder que tenía el acusado Juan Alexis Medina Sánchez en el MISPAS”.
Tras sostener un presunto altercado con Grettel Yahaira Camilo Yapul, quien se presentó como “esposa del hermano del presidente”, la licenciada Suriel Viloria fue separada de sus funciones en Salud Pública.
Los contratos irregulares por más de 1,500 millones en Oisoe
El Ministerio Público acusa a la empresa Domedical Supply SRL, vinculada a Juan Alexis Medina, principal acusado del caso Antipulpo y hermano del expresidente de la República, Danilo medina, de ser beneficiaria de millonarios contratos por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) mediante resoluciones de supuestas declaraciones de urgencia y con una “falsa exclusividad”. A pesar de no poseer la capacidad técnica ni operativa para suplir los equipamientos requeridos para más de 54 hospitales, la empresa resultó ganadora de unos siete contratos por la suma de RD $1,596,465,843.19 mediante resoluciones que sirvieron de justificación para la consecución de los desembolsos.
El Ministerio Público afirmó en el documento que la Oisoe había cumplido con lo estipulado en la ley de compras y contrataciones, en relación a contratistas particulares. Pero con Juan Alexis Medina y Domedical Supply no sucedió así.
“Los acusados Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Christopher Sánchez, Víctor Matías Encarnación Montero y Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, para favorecer al entramado societario de Medina Sánchez y su compañía Domedical Supply SRL, omiten todos los procedimientos legales”, dicen los fiscales en el informe depositado el pasado viernes ante la jueza Kenya Romero.
Para lograr violar los procedimientos, la institución emitía por cada contrato una “resolución administrativa”, con las que buscaban justificar la contrataciones directas, sin realizar los procesos que establece la ley.
Modus operandi
Luego de que en 2015 se redactara un acuerdo de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas), el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Oisoe, se cedió a Pagán la toma decisiones para la construcción, reparación y mantenimiento general de los centros hospitalarios contemplados en el plan.
El proceso ilegal de contratación iniciaba con la realización de un presupuesto por cada adjudicación, los cuales eran “siempre aprobados” por el director técnico de la Oisoe, Víctor Matías Encarnación, conocido también como “La Boya”.
El ingeniero Leónidas Valdez y, a veces, el acusado Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez eran los responsables de la volumetría, mientras que Domedical Supply SRL fungía como empresa contratista en el proceso.
Luego, el mismo era “aceptado conforme” por el representante de Domedical Supply SRL, el acusado José Dolores Santana Carmona.
“La realidad de estos presupuestos es que eran preparados por Medina Sánchez junto a Santana Carmona y firmados por los miembros del entramado de corrupción como una formalidad, sin verificar precios del mercado con otros suplidores”, explican los fiscales.
Posteriormente, el director técnico enviaba el presupuesto a Pagán Rodríguez, director general de la Oisoe, quien procedía a emitir, sin calidad para esto, unas supuestas resoluciones administrativas que eran redactadas por la directora jurídica, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, en asociación con Ramírez Pacheco, ambos acusados.
El documento indica que con estas resoluciones buscaban justificar la contratación directa de Domedical Supply SRL, “sin realizar ningún proceso legal de contratación” para equipar los hospitales Toribio Bencosme en la provincia Espaillat; Cristo de los Milagros en Bayaguana; Francisco Gonzalvo de La Romana; 8 hospitales en la Provincia Duarte y de equipos de Imágenes médicas en 54 hospitales de todo el país; también al hospital Universitario Doctor José María Cabral y Báez y del hospital Infantil Regional Doctor Arturo Grullón, ambos en Santiago de los Caballeros.
Los contratos eran suscritos días después, sin haber pasado un tiempo prudente para la comparación de los presupuestos con los precios del mercado ni para poder verificar la real capacidad de la empresa Domedical Supply SRL para suplir los equipos de referencia.
SEPA MÁS
Hospitales
Durante el discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero de 2013, Danilo Medina, declaró de alta prioridad para su gestión, la reconstrucción y remodelación de centros de atención médica en casi todo el país.
“Un proyecto que se vendió con un fin loable, pero que degeneró en un caldo de cultivo para actos de corrupción y oportunidades de negocios turbios con el Estado para cuyo aprovechamiento, meses antes, se había fundado la sociedad Domedical Supply SRL, propiedad del acusado Alexis Medina”, describen los fiscales.
Ashley Ann Presinal / Yadimir Crespo
