SANTO DOMINGO.- Al impulsar el restablecimiento en la República Dominicana de un «Ministerio de Justicia», la intención oficial es “ rescatar una figura del diseño institucional original del Estado dominicano, incorrectamente suprimida en 1964, afirmó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
Explicó que el propósito es que renazca una entidad bien diseñada y coherente con el resto del ordenamiento jurídico y la Constitución de la República, dotada de las herramientas legales necesarias para satisfacer las necesidades de la población en todos los ámbitos judiciales, particularmente en lo que respecta al sistema penitenciario.
Peralta habló durante una «Jornada de Evaluación sobre la Participación Gubernamental y de la Sociedad Civil en el Proceso de la Reforma Penitenciaria Dominicana», efectuada este viernes en Santo Domingo. Se refirió a la propuesta de creación del Ministerio de Justicia y sus implicaciones en el sistema penitenciario dominicano.
EL NACIMIENTO
Al hacer un breve recuento histórico, explicó que el Ministerio de Justicia nació con la primera Constitución, en 1844, y se mantuvo con ciertas intermitencias durante más de un siglo hasta que el 10 de diciembre de 1964, durante el Gobierno del Triunvirato, fue promulgada la Ley 485, que lo suprimió y traspasó la mayor parte de sus funciones a la Procuraduría General de la República.
Dijo que desde hace dos décadas hay un diálogo político y social al respecto, el cual ha sido reavivado en los últimos años gracias al impulso del presidente Luis Abinader.
En febrero del 2023 fue introducida una propuesta final al Congreso Nacional y su texto fue enriquecido por el Senado en junio último, ajustándolo a la reforma constitucional del año 2024. La misma está “cada vez está más cerca de convertirse en ley”, pues sólo falta ser conocida por la Cámara de Diputados.
Resaltó que de 22 países que conforman la comunidad iberoamericana, solo en tres (Ecuador, Nicaragua y República Dominicana) las labores administrativas en el ámbito de la justicia permanecen en manos del Ministerio Público.
IMPLICACIONES PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO
El Consultor Jurídico del Poder Jurídico explicó que el Ministerio de Justicia asumiría la coordinación del Sistema Penitenciario y Correccional, apoyándose en las figuras institucionales de un Ministro de Justicia, un Viceministro de Políticas Penitenciarias y Correccionales, y un Director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
Sería creada una Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales que coordinará la ejecución y seguimiento de los servicios penitenciarios y correccionales, a tono con las políticas públicas diseñadas por el Ministerio de Justicia.
