SANTO DOMINGO.- El Estado dominicano se ha constituido en actor civil en contra de Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), el empresario José “Jochi” Gómez-Canaán, propietario de las empresas Transcore Latam y Aurix, y otros implicados.
Se les acusa de defraudar al Estado con el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
La querella, presentada ante el Ministerio Público, fue depositada a la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien está a cargo del control de las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La acción fue interpuesta a través de los abogados Fernando P. Henríquez, Manuel Conde Cabrera, Edison Joel Peña y José Alberto Ortiz Beltrán, del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, en representación del Estado dominicano y el Intrant.
implicados en querella
La querella depositada en la Pepca incluye a Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant.
Igualmente, Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas y las empresas Transcore Latam, S.R.L., Aurix, S.A.S., e Inprosol S.R.L.
Sin embargo, en la instancia los parte de los abogados contratados en 2021 por decreto presidencial para recuperar bienes y recursos del Estado en casos de corrupción, no han señalado cuánto reclamarán de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
En cuanto al aspecto civil, los abogados solicitan que se admita la presente constitución en actor civil interpuesta por el Estado dominicano y el Intrant contra los encartados en presuntos actos de corrupción. Asimismo, los abogados se reservaron el derecho de interponer querellas con constitución en actor civil contra otras personas, físicas o jurídicas, de nacionalidad dominicana o extranjera, que resulten implicadas en los hechos que se originen y deriven de esta acción como resultado de la investigación del Ministerio Público.
También se reservan el derecho de actuar si otros medios probatorios determinan responsabilidades penales y civiles, así como interponer acusación particular, si fuera necesario, y concretizar las pretensiones del actor civil en el momento procesal que establezca la ley.
Al grupo se le acusa de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado, involucrada en delitos como, desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, robo de identidad.
Estos delitos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución, que trata sobre la proscripción de la corrupción.
RAMON CRUZ BENZAN
