POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Numerosos casos de corrupción denunciados, decenas bajo investigación, pocos llevados a los tribunales y con solicitud de apertura a juicio y ningún condenado.
El tiempo pasa inexorablemente y los ciudadanos modifican aspiraciones y prioridades y comienzan a dudar de la adecuada sanción a la corrupción pasada y presente. Vamos al tercer año de gestión abinaderista y con una adelantada campaña electoral que trastorna todo.
La designación de Miriam Germán como Procuradora General de la República y sucesivos pronunciamientos de miembros de su equipo inflaron las expectativas de ciudadanos que sepultaron con sus votos al PLD en las elecciones del 2020, en una impresionante ola anticorrupción.
El entusiasmo inicial parece haberse convertido en frustración hasta en los ámbitos del ministerio público que frecuentemente acusa a jueces de afectar la eficacia de la persecución criminal.
Los jueces de manera unánime aceptaron la teoría de los casos y concedieron los tiempos y condiciones de las medidas de coerción solicitada por el órgano persecutor, pero al vencerse legalmente muchos de estos plazos se sujetaron a lo que dicta el Código Procesal Penal.
“Es una decisión que da un mensaje lamentable de que no se entiende el nivel de complejidad de estos procesos; pareciera que se entendiera la lógica de que todos los procesos que estamos llevando son iguales”, se quejó Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (PEPCA), cuando un juez en agosto último varió la medida de coerción de los imputados en el caso Antipulpo (Alexis Medina).
Esto provocó que una de las asociaciones de jueces, JUDEMO, calificara de injuriosas las aseveraciones y atentatorias a la institucionalidad e independencia del Poder Judicial, mientras que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry dijo en septiembre en una charla en UNIBE dijo que los jueces son valientes porque “actúan contra la presión mediática y fallan aplicando la Constitución y las leyes”.
Hace dos semanas, cuando una jueza dispuso el cese de la prisión preventiva y envió a reclusión domiciliaria al mayor general Adán Cáceres y otros imputados en el caso Coral, Camacho dijo que el tribunal pretendía que el MP ejerciera de manera irresponsable su función y no hiciera investigaciones grandes y exhaustivas.
En ambos casos, y ocurrirá con el exprocurador Jean Alain Rodríguez a comienzos de enero, son decisiones por vencimiento del plazo para casos complejos que establece la legislación.
La Procuradora Miriam Germán en una carta a sus adjuntos del 21 de este mes, a la que tuvo acceso el Listín Diario, dice que las críticas a las decisiones judiciales no pueden ser contra la reputación del juez y sugiere la vía de los recursos, con respeto y deferencia y explicando los motivos de la inconformidad.
“No podemos comportarnos como si el MP tuviese un interés actual y directo en el desenlace del caso. Nuestro trabajo es, ante todo, defender los intereses de la sociedad, incluso del imputado cuando sabemos que no hay pruebas o surgen pruebas en beneficio de este”, precisó.
Valoro el trabajo de Camacho y de Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución, y creo en la mayoría de las acusaciones, pero con la insistencia de los mantenimientos en prisión provocarán se le anoten como derrotas decisiones que en nada influyen en el fondo de los casos que con muchos sacrificios y coraje han echado adelante.
Y es que los casos continúan y los imputados, que pudieran estar en libertad, siguen en prisión domiciliaria, algunos con grilletes y sin poder salir del país.
Es resistencia, no velocidad ha dicho Camacho.
¿Fin del pleito entre fiscales y jueces?
