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IDAC desaprueba aeropuerto de Bávaro por considerarlo lesivo al interés público

El proyecto para la cons­trucción del Aeropuer­to Internacional de Bávaro (AIB) ha sido decla­rado “lesivo al interés pú­blico” por el Instituto Do­minicano de Aviación Civil (IDAC), que seguido dis­puso la suspensión de esa obra, amparándose en el argumento de que su apro­bación violó “los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordena­miento jurídico vigente, lo cual justifica su nulidad”.

En una resolución he­cha pública ayer, bajo la fir­ma de su director, Román Caamaño Vélez, se consig­nan irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto y se destaca, “la insuficiencia de estudios que garanticen tanto la se­guridad operativa del ae­ropuerto como su confor­midad con regulaciones vigentes, incluyendo las ambientales”.

La determinación del IDAC se produce luego de un fuerte movimiento de opinión pública sobre la construcción del proyecto de aeropuerto en Bávaro, sobre todo por la rapidez con que culminó el proce­so aprobatorio y concesio­nes fiscales aprobadas por el Consejo de Fomento Tu­rístico (Confotur).

La preocupación por la seguridad aparece como una de las razones princi­pales en los consideran­dos de la resolución, donde se señala que “en los infor­mes de viabilidad técnica del proyecto Aeropuerto In­ternacional de Bávaro emiti­dos por distintos organismos de IDAC se puede consta­tar que, aunque otorgaron la no objeción al desarro­llo del proyecto, se conside­raba muy necesario mayor información, datos reales y certificados, que llevaran a un análisis de mayor magni­tud”.

Se indica, además, que “es deber del Estado que las infraestructuras aeropor­tuarias sean instaladas sin poner en riesgo la seguri­dad aeronáutica del país y la operación de otras infraes­tructuras existentes, cuidan­do así de la seguridad ciuda­dana”.

De construirse el Aero­puerto internacional de Bávaro, según han estableci­do estudios técnicos, habría apenas dos minutos de vue­lo entre esa nueva terminal y la de Punta Cana.

Como confirmación de por lo menos negligencia en la autorización del proyecto, la resolución, marcada con el número 017/20, señala la ausencia de varios estudios esenciales para la autoriza­ción de la obra turística.

Entre las irregularida­des apuntadas en los consi­derandos figuran, además, la inexistencia de “los do­cumentos corporativos que avalan la constitución o in­corporación de la empresa, y que contiene información sobre sus socios, gerentes o directores y el cumplimien­to de las normas aplicables a la contratación o concesión de infraestructuras de esta naturaleza. También figuran entre las irregularidades “la notificación o aviso a los pro­pietarios, poseedores y tene­dores a cualquier título, de los predios vecinos a los que se proyecta construir dicho aeropuerto en cumplimiento de los artículos 161 y 164 de la Ley No. 491-06.

Los patrocinadores del proyecto, agrega la reso­lución, “tampoco aporta­ron “el Certificado de Titu­lo que ampara la propiedad del terreno donde se proyec­ta construir o el documento justificativo del goce o pose­sión legitimo del mismo; los estudios correspondientes para la determinación de los costos y beneficios que con­llevaría para el Estado domi­nicano realizar las inversio­nes requeridas para equipar y prestar servicios en dicho aeropuerto, así como la via­bilidad de las modificaciones en los procedimientos de na­vegación aérea citados”.

Causas del conflicto

La concesión presidencial ejecutada durante la pasada gestion, para la construcción de aeropuerto internacional de Bávaro, en la provincia La Altagracia, encontró la re­sistencia de la Corporación Aeroportuaria del Este, que denunció irregularidades parta lograr su aprobación, llegando incluso a llevar el caso como denuncia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (Pepca)

La acción legal fue dirigi­da contra la pasada Consul­toría Jurídica del Poder Eje­cutivo, el IDAC y siete de sus funcionarios, por no obje­tar la ejecución de la obra. La Corporación explicó que al otorgar su conformidad y no objeción al desarrollo del proyecto, “estos funcionarios podrían haber comprometi­do su responsabilidad penal al adoptar una decisión arbi­traria…”

DETALLES

El caso llegó hasta la Pepca
 Bajo sospecha.

El informe que validó la aprobación final del proyecto en Bávaro, se­gún decían sus oponen­tes, “contiene una serie de anomalías que hacen cuestionable el conteni­do y motivo de aproba­ción ulterior del mismo”.

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