POR JORGE BAEZ MARIZAN.- La libertad de expresión y difusión del pensamiento constituye uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática. En la República Dominicana, este derecho no es una simple concesión del Estado ni una gracia otorgada por los gobiernos de turno; es una garantía constitucional conquistada a través de décadas de luchas, sacrificios y, en muchos casos, con la sangre de hombres y mujeres que enfrentaron la persecución, el encarcelamiento y hasta la muerte por defender el derecho de los ciudadanos a expresar libremente sus ideas.
La Constitución de la República consagra de manera clara la libertad de expresión y difusión del pensamiento como un derecho fundamental inherente a la dignidad humana. Asimismo, nuestro país es signatario de diversos tratados y convenios internacionales que protegen este derecho, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumentos que reconocen la libre circulación de ideas e informaciones como un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática.
Sin embargo, en los últimos tiempos han surgido iniciativas legislativas y propuestas regulatorias que han despertado preocupación en amplios sectores de la sociedad, particularmente entre periodistas, comunicadores, juristas, académicos y ciudadanos comprometidos con la defensa de las libertades públicas. Muchos consideran que estas propuestas representan una especie de «ley mordaza» encubierta, cuyo efecto práctico podría ser limitar el derecho de los ciudadanos a denunciar actos de corrupción, abusos de poder, irregularidades administrativas y otras situaciones de interés público.
La historia demuestra que cuando se restringe la libertad de expresión, los primeros beneficiados suelen ser quienes desean actuar sin supervisión ciudadana. El silencio impuesto nunca ha sido aliado de la transparencia ni de la democracia. Por el contrario, la libertad de prensa y la libre expresión han sido herramientas fundamentales para destapar escándalos de corrupción, denunciar violaciones de derechos humanos y exigir rendición de cuentas a quienes administran los recursos públicos.
Es evidente que toda libertad conlleva responsabilidades. Nadie defiende la difamación, la calumnia ni el uso irresponsable de los medios de comunicación o de las plataformas digitales para dañar reputaciones. Sin embargo, el combate a esos excesos no puede convertirse en una excusa para establecer mecanismos de censura previa o para crear marcos legales ambiguos que generen miedo, autocensura o persecución contra quienes ejercen el legítimo derecho de informar y opinar.
La democracia no se fortalece limitando voces; se fortalece garantizando que todas puedan expresarse dentro del marco del respeto a la ley y a los derechos fundamentales. Una sociedad donde los ciudadanos temen hablar, denunciar o cuestionar a las autoridades es una sociedad que comienza a perder sus libertades más esenciales.
Los dominicanos debemos recordar que muchos de los derechos que hoy disfrutamos fueron conquistados gracias al sacrificio de generaciones que enfrentaron regímenes autoritarios y gobiernos intolerantes a la crítica. Gracias a ellos hoy podemos opinar, disentir, cuestionar y exigir transparencia. Renunciar a esas conquistas o permitir que sean erosionadas mediante regulaciones excesivas sería una falta de respeto a nuestra historia y a quienes entregaron sus vidas por la democracia.
La defensa de la libertad de expresión no es una causa exclusiva de periodistas o comunicadores; es una responsabilidad de toda la ciudadanía. Porque cuando se limita el derecho de uno a expresarse, se debilita el derecho de todos a conocer la verdad. Y cuando se restringe la libre difusión del pensamiento, se abre la puerta al abuso de poder, la impunidad y la corrupción.
La República Dominicana necesita más transparencia, más participación ciudadana y más garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales, no menos. Cualquier iniciativa que pueda interpretarse como un intento de amordazar la crítica pública debe ser objeto de un amplio debate nacional y de un riguroso examen constitucional.
La libertad de expresión no pertenece a los gobiernos ni a los partidos políticos. Pertenece al pueblo dominicano. Y como toda conquista democrática, debe ser protegida con firmeza, vigilancia y determinación para las presentes y futuras generaciones.
