POR LUIS ENCARNACION PIMENTEL.- Más que al PRM, al propio presidente Luis Abinader, le convendría encaminar la mejor salida institucional a la crisis provocada en la sindicatura de La Vega tras la renuncia, por demás innecesaria e irresponsable, del alcalde y la vicealcaldesa electos en los pasados comicios.
Prudencia e inteligencia política aconsejan que el gobernante – por mera preservación de la institucionalidad democrática y de la propia imagen personal en un momento en el que la reelección presidencial no está en juego – no cargue con el peso de sumar otra pifia a un tranque municipal que no debió ocurrir y más de un actor debieron evitar.
Si nos remontamos a la conquista del poder en el 2020, cuando dos de los diputados electos fueron designados en la Superintendencia de Seguros y en la presidencia del INDOTEL, respectivamente, el PRM acusa una reincidencia marcada, que poco le aportan y mucho le restan, en materia de figuras que buscan una posición electiva y luego que la ganan sueltan en banda e irrespetan a los electores, al preferir otra posición importante en el tren burocrático , como el caso que nos ocupa del alcalde de La Vega, nombrado ministro de Deportes.
Y no conforme, el electo y luego huido quería dejar a un pupilo en el puesto acéfalo. (María Teresa Cabrera, en vez de avalar la renuncia de la vicealcaldesa huida, debió “enfaldarse” y denunciar ambas la presión y la trama en pie).
Y como para chocar con piedra parecida, alguien tenía (o tiene) la infeliz idea de que a la alcaldía vegana vaya un diputado, abriendo otro frente (¿).
Ignorando la sugerencia de FINJUS , de hacer otra votación allí; la realidad de que son otros tiempos , otra constitución y otros vientos, no en los que el doctor Balaguer le hizo un juicio político y destituyo al síndico de la capital Mandolín Jiménez , hay quienes quieren empujar a que el presidente llene con un decreto el vacío legal existente y la vacante de alcalde vegano.
Y a riesgo de meterlo en otro berenjenal, además del de las reformas, están buscando la opinión de algunos juristas, para ver la posibilidad de un “bajadero” en materia de atribuciones del jefe del Estado.
Por ejemplo, la del doctor Olivo Rodríguez Huertas, que aun cuando cree que la ausencia definitiva de alcalde y vice puede cubrirla el presidente, está claro en que la palabra final la tendría el TC. ¿Acaso es justo y aporta ese pulso?
