POR LUIS ENCARNACION PIMENTEL.- La controvertida -y muy perjudicial- ley que crea la DNI y le confiere atribuciones inconstitucionales, violadora a todas luces de derechos fundamentales ganados por los dominicanos a sangre y fuego, es un ejemplo vivo de lo que jamás debió ocurrir, y de lo que legisladores que se respeten y un congreso interprete fiel de su rol de vigilante y garante del necesario contrapeso institucional, nunca debieron aprobar.
Mucho menos en el fragor de un proceso político-electoral, sin ser discutido debidamente con especialista en materia constitucional y de derechos humanos que advirtieran a tiempo sobre posibles o reales males, defectos o peligros de por medio. Y sobre todo someter la pieza a un debate democrático y abierto en vistas públicas, sin marcada prisa de un 29 de diciembre despidiendo el año y sin las comprobadas “Pachecadas” del titular de la cámara baja que luego movieran a sospechas y dieran pie al gran revuelo que el país conoce y que, de manera mayoritaria hoy reprueba y rechaza.
Una ley mordaza, con calculadora de derecho fundamentales establecidos en la Constitución y refrendados por sentencias del TC y, por demás, inaceptable e inexplicable en un gobierno democrático y en un estado de derecho.
Por algo manejada y hecha aprobar medio de contrabando, cual venta de gato por liebre. El autor de la troglodita iniciativa de ley debería estar preso, por representar una seria amenaza a las libertades públicas y ciudadanas, así como por convencer -y llevar- al presidente Luis Abinader, que no es jurista, a defender y ver como bueno y conveniente lo que es una barbaridad, que al primero que afecta es a él, en términos de imagen como demócrata y de su proyecto político inmediato.
Ojalá, y ya no solo el amplio rechazo de la sociedad, sino una profunda reflexión personal sobre el caso, lo lleve a la conclusión de que habría sido “sorprendido en su buena fe”, como también habría ocurrido con diputados de la oposición, a los se les pidió aprobar la pieza sobre la base de que los derechos fundamentales no estaban en juego, de que se estaban respetando.
Al señor Pacheco, por ejemplo, se le escuchó decirle al pleno de diputados para que votaran con un si o un no, que: “lo que se le añade es una garantía constitucional, a la intimidad y al honor de las personas, que la Constitución lo protege”. Justamente, y a reclamo de algunos diputados, se agregó esta parte, que representaba la modificación, “mas o menos consensuada”, de que habló el titular y diciendo que se leería por Secretaría.
Lo que no dijo el autor de la artimaña político-legislativa, ni tampoco el diputado Bueno (no se sabe guiado por cuál mala “mano maestra”), que propuso modificación cuando ya los debates estaban cerrados, era que del texto original se había eliminado la obligatoriedad (derecho fundamental) de una previa autorización de un juez para el libre accionar de la DNI.
¿Quién y por qué ideó y manejo esa suerte de contrabando o de “palo acechado”, sin el conocimiento del pleno? Ese adefesio, que por demás envuelve irresponsabilidad y violación penalizable, fue lo que el Congreso envió al Ejecutivo para su promulgación.
El presidente, por su bien y por el bien de todos, en lo inmediato y a futuro, debe zafarse de ese embarre y los lodos que le podrían salpicar. No es de olvidar que este es un país de gente autoritaria, hasta el simple ciudadano, sin que sea funcionario o sin que esté en una posición de poder.
¿Acaso un montón de los abusos, atropellos e incluso muertes ocurridas en el país, en distintos tiempos, no se da aun sabiendo los respectivos autores que están violando derechos y leyes? ¡Que no ocurría, si a abusadores y violadores, que siempre los hay, la ley les da rienda suelta y les deja las manos libres!
Que Dios nos ampare, porque como la ley es para todos, nadie estaría exento de que un día le toque una inesperada violación o abuso en su contra. El presidente -por suerte, él y el jurídico Peralta se han mostrado receptivos y en disposición de corregir y de acatar- debe enmendar ese error que pone en juego su vocación democrática, pero no enviando comisión a hablar con sectores con los que no se habló antes, sino derogando o enviando al zafacón esa ley, por inconstitucional, perturbadora y peligrosa.
Cuidemos, con uñas y dientes, lo que hemos avanzado en términos democráticos. ¡Cualquier cambio, no debe ser para atrás!
