A pesar de que el pasado 23 de marzo el Ministerio de interior y Policía (MIP) anunció que pagaría las prestaciones a más de dos mil empleados que fueron desvinculados por las nuevas autoridades, la institución no ha cumplido con su compromiso, generando desesperación entre las personas que reclaman sus derechos.
Amanda del Rosario, una de las afectadas por las cancelaciones, dijo que el grupo ha agotado todos los recursos; detalló que han solicitado reuniones con el ministro y no han tenido respuesta. Dice que han protagonizado manifestaciones, sin tener éxito y es por eso que han decidido acudir a los medios de comunicación a hacer la denuncia pública, ya que no están pidiendo un favor, sino reclamando lo que les corresponde.
“No estamos pidiendo que nos reintegren, porque entendemos que ellos tendrán sus razones. Pero deben entender que nosotros trabajamos hasta por 16 años en la institución. No defendemos empleados botella, somos personas que en verdad trabajamos y es por eso que pedimos el pago de nuestras prestaciones”, dijo Amada del Rosario a Diario Libre.
De acuerdo con la denuncia, los desvinculados pertenecían a diferentes áreas de la institución, e incluso en el grupo había mujeres embarazadas, empleados en licencia médica y también discapacitados.
A través de Amanda del Rosario, el grupo de los cancelados hizo un llamado al Ministro de interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez, para que resuelva la situación pagando las prestaciones de lugar y así honrar su palabra.
Cuando el Ministerio de Interior anunció que iniciaría los pagos de las prestaciones, les avisó que a los cancelados a tener sus expedientes completos, incluyendo las certificaciones del Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Contraloría General de la República. Los exempleados alegan tienen todos sus documentos listos.
