Miriam Germán juzga ilícita la conducta que han mostrado los miembros de la Cámara de Cuentas

SANTO DOMINGO.- Con el abru­mador pe­so que car­ga sobre sus hombros en la lucha contra la corrup­ción, la procuradora gene­ral Miriam Germán siente que hay muchos escollos por delante especialmen­te porque hay organismos “renuentes” a dar las infor­maciones claves en las in­vestigaciones.

Puso como ejemplo en este contexto el caso de la Cámara de Cuentas, cuyos miembros , según ella, han incurrido en “conductas ilícitas”.

Sin el andamiaje de se­guridad que le cabe ante la envergadura de los casos que esta maneja, la procu­radora general de la Repú­blica sacó un tiempo ayer, domingo, para ir sola has­ta Listín Diario.

Quiso traer un mensa­je de solidaridad con mo­tivo del Día del Periodista, obsequiándole al director, Miguel Franjul, la segunda edición del libro “La evolu­ción de las pandemias”, de la auditoría de David Qua­mmen.

Cuando le fue pregunta­do si se considera una pro­curadora independiente, respondió con un “sí”, y a si el presidente Luis Abinader interfiere en el Poder Judi­cial, respondió con un “no”.

Miriam Germán fue, además, preguntada so­bre si cree que hay una jus­ticia independiente, qué tan difícil es enfrentar la corrupción administrati­va, principales escollos en­contrados a su llegada a la Procuraduría, y en torno al nuevo Centro de Corrección Las Parras, donde serán lle­vados los internos de la Pe­nitenciaría Nacional de La Victoria.

Sobre la Cámara de Cuentas, Germán Brito juz­gó “ilícita” la conducta que han mostrado los miembros de ese organismo.

En torno a la justicia in­dependiente, la magistrada dijo que aunque fue el pre­sidente Abinader quien la designó, hasta ahora no ha recibido la primera insinua­ción de él respecto a deter­minado caso bajo investiga­ción, o en litigación.

Respecto a la corrupción, admitió que existen varios escollos que afectan la per­secución de la corrupción administrativa, citando, en­tre estos, a organismos que tienen la obligación de ser­vir determinadas informa­ciones y se muestran re­nuentes a cooperar con el Ministerio Público.

Destacó, además, que en el país hay gente que tiene procesos pendientes y des­pués han sido designados en ministerios, advirtiendo seguido de que no habla de la realidad inmediata, sino anterior. “Esto podría pre­sentar trabas externas al proceso, porque por donde usted pasó a lo mejor dejó cómplices”, agregó.

Respecto al Centro Pe­nitenciario Las Parras, ubi­cado en el municipio San Antonio de Guerra, de la provincia Santo Domingo, la procuradora dijo que se cometieron muchos errores en su construcción y que al saber la urgencia de redu­cir el hacinamiento, se está trabajando para que en los próximos meses se pueda alojar allí al primer grupo de internos.

¿Realmente se puede hablar de una justicia independiente? ¿Y qué le hace independiente si quienes la integran vienen de pasadas administraciones y usted misma es designada por el Poder Ejecutivo?

Ciertamente, esas son las reglas existentes en el mar­co jurídico vigente para la designación del procura­dor o la procuradora gene­ral de la República. Pero de­bo resaltar que, aunque fue el Poder Ejecutivo que me designó, a través del Presi­dente de la República, has­ta ahora no he recibido la primera insinuación de él en relación con ningún ca­so bajo investigación o en litigación. La independen­cia de actuación es una cuestión constitucional y de la Ley Orgánica del Mi­nisterio Público y, en cuan­to a los servidores del Mi­nisterio Público que vienen de administraciones pa­sadas, esto no es una tien­da que cambió de dueño y que el nuevo dueño pone a su gente; este es un orga­nismo del Estado que opera bajo un régimen de carrera y que tiene como objetivo brindar un servicio a toda la ciudadanía.

Desde que asumí la di­rección del Ministerio Pú­blico he tratado de hacer cumplir la promesa cons­titucional y legal de la au­tonomía de la institución, para evitar cualquier situa­ción de dependencia, su­pervisión, control o instruc­ciones externas que afecten el ejercicio de las funcio­nes que nos corresponden. Otras instituciones del Es­tado guardan relaciones de coordinación institucional con el Poder Ejecutivo, sin que su autonomía sea pues­ta en cuestionamiento y en el Ministerio Público avan­zamos en esa dirección pa­ra actuar con independen­cia y responsabilidad. Esto fortalecerá la institucionali­dad del país y redundará en el beneficio futuro de toda la ciudadanía, que es a lo que todos aspiramos.

Los miembros del Ministe­rio Público tienen, bajo nues­tra dirección, toda la libertad requerida para llevar a cabo los procesos jurídicos bajo su responsabilidad, siempre apegados a la ley y respetan­do las garantías procesales del debido proceso. Sabemos que tenemos limitaciones, sobre todo económicas, pero confiamos en que el Estado, e incluso la misma población, entenderán la necesidad de dotar al Ministerio Público de los recursos económicos necesarios para facilitar una operatividad que garantice el servicio que debe ofrecer a cada ciudadano.

para el trabajo del Ministe­rio Público. La institución no cuenta con recursos suficien­tes porque tiene una carga económica importante con el sistema penitenciario, más aún durante la pandemia, y los ingresos propios por servi­cios han disminuido en com­paración con años anterio­res; pero debo reconocer que el Poder Ejecutivo ha mos­trado la disposición de apo­yar con recursos adicionales para la persecución de la co­rrupción. Confío en que dis­pondremos de más recursos presupuestarios en el futuro inmediato.

Otro gran escollo es que organismos que tienen la obligación de servir deter­minadas informaciones se muestren renuentes a cooperar con el Ministe­rio Público. Y hay infor­mación que se escamotea, como sucedió con el caso de la Cámara de Cuentas. No puedo entrar en deta­lles porque el caso está ba­jo investigación reserva­da, pero sí es importante aclarar que los investiga­dos son sus miembros por conductas que el Ministe­rio Público considera ilíci­tas, y no la institución en sí, pues los investigados han pretendido confundir a la ciudadanía, como si un órgano público pudie­ra ser objeto de responsa­bilidad penal; incluso, han presentado ante el Tri­bunal Constitucional un conflicto de competencia cuestionando el estatus del Ministerio Público co­mo órgano constitucional autónomo y la facultad ju­rídica para éste investigar a sus integrantes

¿Qué tan difícil es investigar la corrupción administrativa en un país?
Para castigar la corrupción se debe desarrollar un tra­bajo arduo y minucioso de investigación y de sistemati­zación de la información re­cogida, un examen de la do­cumentación. Se requiere un apoyo técnico especializado que asista al representante del Ministerio Público. Ya sea para corrupción o para el de­lito que sea, usted no puede salir con un “yo creo…” o un “me parece…”. Aquí ha habi­do gente que tiene procesos pendientes y después le han designado en ministerios. No hablo de la realidad inmedia­ta, sino anterior. Esto podría presentar trabas externas al proceso, porque por donde usted pasó a lo mejor dejó cómplices.

¿Qué pasa con el nuevo centro Las Parras, hacia donde serán llevados los internos de la Penitenciaría Nacional de La Victoria?
El centro penitenciario ubi­cado en el municipio San Antonio de Guerra, en San­to Domingo, fue inaugura­do cuando estaba termina­do sólo uno de los módulos, y tiene muchos problemas. No fue construido tomando en cuenta las características de un edificio para estos fi­nes. Entonces, ahí no se pue­de llevar a ningún privado de libertad porque no existen las condiciones, porque todavía no hay las condiciones. Ese centro lo construyeron como un mega complejo y en esas condiciones es difícil el ma­nejo de los internos.

Se cometieron muchos errores, empezando por la se­lección de un terreno domi­nado por lagunas que deben ser conservadas por su alto valor hidrológico. Se inaugu­ró, incluso, sin haber conclui­do la planta de tratamiento de aguas residuales, algo que se agrava por la sensibilidad de la zona. Pero hemos esta­do trabajando para concluir y adecuar el proyecto en toda su extensión y también para ma­nejar dentro de este ocho cen­tros independientes, con va­rios accesos particulares. Es lo que mandan los paráme­tros internacionales en el tra­tamiento de personas priva­das de libertad. Sabemos de la urgencia de reducir el ha­cinamiento y estamos traba­jando para que en los próxi­mos meses podamos instalar el primer grupo de internos en lo que será el Centro de Co­rrección y Rehabilitación de Las Parras..

PERFIL
Profesional y académica del Derecho con una pro­longada trayectoria en la carrera judicial y en el Mi­nisterio Público. Designada por el Poder Ejecutivo co­mo procuradora general de la República, mediante el Decreto 324-20, del 16 de agosto de 2020.

Entre 2012 y 2019 presidió la Segunda Sala de la Supre­ma Corte de Justicia, máxi­mo órgano jurisdiccional del Poder Judicial dominicano.

Graduada de la licenciatu­ra en Derecho en la Pontifi­cia Universidad Católica Ma­dre y Maestra (PUCMM), Germán Brito se incorporó al sistema de justicia en 1973, con la función de fiscalizado­ra en el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción de la Provincia Santiago (1973-1974).

A partir de 1974 inició en la carrera judicial como jueza de Paz y luego jueza de Instrucción, en 1978.

De vuelta en el Ministerio Público, se desempeñó co­mo abogada ayudante del procurador fiscal del Distrito Nacional entre 1979 y 1985.

En 1986 pasó a ser jueza presidenta de la Primera Cá­mara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distri­to Nacional y en 1998 jueza de la Primera Sala de la Cor­te de Apelación del Distrito Nacional. Posteriormente, en 2011, ascendió a presidir la Cámara Penal de la Cor­te de Apelación de esa juris­dicción.

El Consejo Nacional de la Magistratura la escogió pa­ra integrar la Suprema Corte de Justicia en 2012, alta cor­te en la que presidió la Se­gunda Sala, el órgano que se enfoca en conocer los expe­dientes en materia penal.

RAMON CRUZ BENZAN