POR VINICIO CASTILLO SEMAN.- El paralizado local de la Defensoría del Pueblo ha sido el centro de un gran escándalo que tiene como protagonista una ilegal e irregular actuación del PNUD como contratista de obras estatales, al margen de la Ley de Compras y Contrataciones.
Según los reportes de prensa, el PNUD recibió por adelantado 6 millones de dólares para la construcción de dicho local, paralizado por años y dejado “a medio talle”.
La explicación de la compañía constructora a cargo del proyecto impulsado por el PNUD es una verdadera burla al país. Han alegado la pandemia para la injustificable parálisis y, peor aún, se le ha otorgado otro contrato adicional con pagos superiores a los 100 millones de pesos.
Lamentablemente, el último pago autorizado por una persona que merece mi respeto, como el amigo Pablo Ulloa.
La realidad jurídica es que el contrato firmado con PNUD y el Defensor del Pueblo es nulo, igual que todos los que ha firmado con funcionarios públicos que han delegado sus funciones en el PNUD, algo insólito, inconstitucional e ilegal.
La explicación jurídica que ha dado el PNUD es ridícula y sin asidero alguno. Alegan un acuerdo PNUD con el Estado de la década de los ´70, que regula las relaciones de asistencia y ayuda del PNUD a RD. Ese acuerdo jamás autoriza la delegación de funciones públicas. Todo lo contrario, ese convenio dice siempre que el gobierno será el responsable de los proyectos que se hagan en cooperación.
Igualmente, ese convenio no le permite al PNUD convertirse en una Compañía para recibir beneficios por comisiones, que llegan hasta 8%.
Tampoco hay base legal alguna para que el PNUD pueda ser contratista de obras y servicios al margen de la ley 340 de Compras y Contrataciones, o recibir pagos de dinero público sin control alguno, sin cubicaciones, sin ser auditados por la Cámara de Cuentas, ni Contraloría.
Mi conclusión es que el PNUD ha establecido un negocio ilegal de miles de millones, en perjuicio del Estado Dominicano.
Afortunadamente, en visita que le hiciera a Carlos Pimentel esta semana en la Dirección de Compras y Contrataciones, me informó que, ni la dependencia que dirige, ni Contraloría, ni Presupuesto, ni Cancillería, aceptan delegación de funciones públicas a PNUD, ni mucho menos que éste pueda seguir como contratista de obras del Estado, al margen de la ley.
En cuanto al tema del local de la Defensoría del pueblo, estamos en el estudio jurídico de acciones judiciales concretas que logren anular acuerdos, auditar el trabajo realizado hasta ahora por parte de la Cámara de Cuentas y el Codia y la devolución al Estado de los montos entregados por adelantado.
Tenemos que fortalecer el estado de derecho en RD y nuestra débil institucionalidad. Y que los burócratas extranjeros del PNUD sepan que somos un país pequeño, pero fuerte, que se respeta y hace respetar su Constitución y sus leyes. Hay que acaban con el ilegal negocio del PNUD en RD.
