SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional impidió que propietarios de carros marca Honda Civic realicen una protesta pacífica en reclamo de que cese la persecución y maltratos a que, según afirman, son sometidos por las autoridades.
La manifestación, que sería realizada en el parqueo de la avenida George Washington conocido como El Maleconcito, estaba convocada para las 10:00 de la mañana, pero minutos antes del inicio, unidades de la uniformada se presentaron al lugar, ordenando sacar los vehículos que estaban en el parqueo y cerraron las entradas para impedir el ingreso de los carros Honda Civic.
La protesta fue organizada por la agrupación Honda Remix, una especie de club con unos 270 integrantes, los cuales acudieron portando camisetas negras con el logo de la agrupación.
El presidente de Honda Remix, Ariel Mercedes, dijo que no se pudo hacer la protesta porque muchos de los miembros del grupo se marcharon al notar la intervención de la Policía.
“Había una orden de no dejarnos entrar y cuando pedimos una explicación, los agentes solo respondieron que estaban recibiendo órdenes superiores y que podíamos hacer la protesta en la avenida George Washington”, dijo.
Además de sacarlos del lugar, varios de estos vehículos fueron requisados por agentes policiales, en algunos casos alegando irregularidad en la documentación del carro.
Los propietarios de estos vehículos se quejaron de que las autoridades no les dan tregua al verlos a bordo de los Honda Civic, violentando su derecho al libre tránsito con detenciones injustificadas y en ocasiones atropellos y maltratos.
“Esto es porque supuestamente encajamos en un perfil sospechoso, pero no todo el que tiene este vehículo es pipero, ni tarjetero, ni delincuente. Muchos de nosotros somos personas de trabajo”, dijo Mercedes.
Señaló que todo se debe a una alegada estafa para recibir fraudulentamente 600 dólares del Gobierno de los Estados Unidos, lo cual ha sido el móvil para dar seguimiento a los dueños de Honda Civic en la República Dominicana.
A través de la supuesta acción ilegal en contra del Gobierno estadounidense, los individuos habrían estafado por unos 140 mil dólares.
GENRRIS AGRAMONTE
