Redes sociales, enfoque de legisladores tras presión social por leyes “mordaza”
SANTO DOMINGO.- Regular el uso de las redes sociales parece ser el nuevo enfoque de los legisladores, tras la presión social generada a raíz del sometimiento de varios proyectos de ley que buscarían un fin similar: coartar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el país.
Al menos, ese interés fue expresado ayer por las diputadas peledeísta Mercedes Rodríguez y perremeísta Shoraya Suárez. Ambas fueron cuestionadas sobre las advertencias de representantes de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de que se han presentado proyectos de ley que buscan coartar la libertad de expresión.
Casi al unísono, Rodríguez, Suárez y los diputados de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo y el reformista Máximo Castro Silverio, aseguraron que ninguna ley que busque coartar la libertad de expresión será aprobada en la Cámara de Diputados.
Rodríguez consideró que lo que hay que regular es el uso inadecuado de las redes sociales a través de las cuales se publican noticias falsas.
En tanto, la diputada perremeísta Shoraya Suárez negó que desde el Gobierno existe la intención de coartar la libertad de expresión. Favoreció que se estudien “con pinzas” los proyectos de ley vinculados a la libertad de expresión, para que no se viole el derecho a la intimidad de las personas. Cree que las “redes sociales no pueden ser una herramienta para degradar al ser humano”.
Juristas opinan
Para los abogados Namphi Rodríguez, Nassef Perdomo, Julio Cury y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), las normativas vinculadas a la libertad de expresión, incluido el uso de las redes sociales, deben evaluarse de manera profunda y sin rapidez.
El jurista y periodista Namphi Rodríguez destacó la doctrina jurisprudencial dictada por el Tribunal Constitucional en la sentencia No. 0437-16 que reza: “La libertad de expresión se aplica al internet del mismo modo que a otros medios de comunicación”.
Afirmó que “las serias amenazas que se han cernido sobre la libertad de expresión”, a través de lo que denominó una “inflación legislativa” mediante los proyectos de ley presentados desconocen los precedentes del Tribunal Constitucional sobre esos temas.
Rodríguez acogió con beneplácito el anuncio hecho el pasado lunes por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, de que el Gobierno creará una comisión para lograr un consenso en torno a las legislaciones sobre la libertad de expresión.
El jurista Nassef Perdomo sugirió discutir la actualización del régimen de la difamación e injuria en sentido general y de la Ley 6132, en sentido particular.
No de forma apresurada porque la libertad de expresión fundamenta la democracia. Recordó que los delitos por difamación e injuria están regidos por el Código Penal, la Ley 6132 y la Ley 53-07.
Sobre el tema, Servio Tulio Castaños Guzmán, de la Finjus, favoreció la creación de la comisión anunciada por el Gobierno para estudiar las iniciativas relacionadas con la libertad de expresión. Sugirió “que frente a todas estas preocupaciones sobre el tema” lo oportuno es que esa comisión sea multisectorial y esté integrada por directores de medios de comunicación, juristas, periodistas y otros sectores.
Plantea aprobar leyes consensuadas que no atenten contra la libertad de prensa ni atenten contra derechos fundamentales.
Cury observó que si Diario Libre y otros medios de comunicación no dan su voz de alerta el Gobierno hubiera logrado su despropósito de “colar” leyes restrictivas contra derechos fundamentales. Abogó por que se establezcan restricciones razonables y señaló: “El sacrificio a la libertad de expresión que impone el proyecto de ley ‘mordaza’ es palmario”. Consideró que los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo vinculados al tema son conservadores y divorciados de la aplicación progresiva de derechos fundamentales.
Reconoció que la difamación a través de las redes sociales está regulada por la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología pero de forma ineficaz, por lo que hay que robustecerla.
YAMALIE ROSARIO
