POR JUAN TAVERAS HERNANDEZ.- Tras la muerte violenta de Orlando Jorge Mera mantuvimos un debate sobre la necesidad de establecer un protocolo de seguridad en todas las instituciones del Estado para evitar tragedia como la ocurrida en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, donde mataron a Juan de los Santos, en la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, donde un contratista se suicidó, y ahora en el Ministerio de Medio Ambiente donde un loco, si, un loco, porque había que estar muy loco para hacer lo que hizo el hombre que mató a Orlando a mansalva con un sadismo propio de un psicópata.
Cualquiera puede ser objeto de un atentado, cualquiera puede morir trágicamente, pero no debe ser por falta de un dispositivo de seguridad oficial.
Dice el pueblo que “en la confianza es que está el peligro”. Y es verdad. Nadie, absolutamente nadie, no importa el parentesco, el vínculo de amistad, político o familiar que pueda tener una persona con el presidente de la República, la vice, y demás funcionarios, puede entrar armado a una oficina pública, sobre todo si no tiene intenciones de dañar a nadie.
Se deben colocar detectores de metales en los restaurantes, bares, discotecas, estadios deportivos, etc. Los policías y militares que suelen penetrar a esos lugares armados, no importan los rangos, deben dejar sus armas en sus casas o en los vehículos.
La rigurosidad del protocolo de seguridad no acepta excusas. Recuerdo cómo un hombre armado entró a un bar en la parte oriental de la ciudad y le dio un balazo al inmortal del béisbol David Ortiz que lo dejó en estado de gravedad.
Las armas de fuego o de cualquier otra naturaleza no deben tener cabida en lugares públicos ya sean del Estado o privados.
Los teléfonos móviles tienen que ser regulados en los despachos de los ministros, directores generales, etc., porque se convierten en un peligro para los propios funcionarios que corren muchos riesgos en el ejercicio de sus funciones, sobre todo cuando actúan con honestidad y transparencia, pues lesionan intereses de políticos, militares, empresarios diversos, contratistas, suplidores, etc.
Orlando Jorge Mera fue víctima de los intereses de los depredadores del medio ambiente en sus distintas modalidades. Pagó con su vida al negar permisos, no solo al asesino.
